Las confiscaciones que ha ejecutado el gobierno de Daniel Ortega tienen nerviosas a familias del municipio de Santa María de Pantasma, en Jinotega, que temen el robo de las propiedades que cuidan, porque sus dueños, que son sus parientes, emigraron a otros países en busca de mejores oportunidades.
«Nadie está seguro aquí», dijo un jinotegano que ha pedido el anonimato por razones de seguridad y que desde hace año y medio cuida la propiedad de su hermano, debido a que, junto a su esposa y dos niñas, se fue de forma irregular a Estados Unidos. «Ha sido difícil, ellos se fueron llorando, lo dejaron todo, este es un ranchito que compraron con mucho sacrificio trabajando en fincas de aquí», explicó.
Denunció que «gente irresponsable», militantes del partido de gobierno, le han propuesto a los políticos de la organización orteguista impulsar el despojo de propiedades de la gente que se ha ido del país.
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«Estos señores hacen mal, deben enseñarle a la gente a trabajar, no robar, no tomar lo ajeno, lo que no les cuesta. Es irresponsabilidad promover actos delictivos, porque eso es ilegal», cuestionó.
El ciudadano señaló que su hermano y su cuñada «trabajan duro» en el país del norte y que tenían planes de invertir en la propiedad para hacerla más cómoda para sus hijas porque esperan volver. «Pero ya con eso, han detenido el proyecto porque tienen miedo de perder más. Estas cosas no deben estar pasando, la gente que se ha ido sufre en otro país, nadie los espera, nadie les da de comer allá, hay que trabajar y que le roben aquí no puede ser», apuntó.
Fanáticos promueven robos
El temor que siente este jinotegano se ha propagado luego que también un conocido fanático orteguista comentara en su red social Facebook, que a aquellos que dejaron sus casas y buscaron el exilio, se les debe quitar sus propiedades y reasignarla a un simpatizante del partido.
El mal ejemplo lo está dando el mismo Daniel Ortega, quien además de vivir en una casa confiscada y ser el responsable de la llamada piñata sandinista de los años 80, volvió a ordenar las confiscaciones, esta vez contra los que considera enemigos de su régimen y a los que culpa de alentar el levantamiento cívico de abril de hace cinco años. Solo al sector educativo superior, el régimen le ha confiscado 28 centros de enseñanza en dos años y medio, siendo los últimos la Universidad Centroamericana (UCA) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresa (INCAE).
Como promotor de la amenaza en Jinotega señalan a Pablo Ariel González Espinoza, un abogado del municipio de Pantasma, férreo fanático de la dictadura orteguista. Los opositores de esta ciudad, recuerdan sus amenazas de muerte con pistola en mano a varios autoconvocados de esa localidad, en el año 2018, durante la rebelión cívica.
González Espinoza es un personaje polémico. Muchos jinoteganos lo conocieron cuando se autodenominó pastor de una Iglesia evangélica, una gestión que le valió recursos para fundar una radio y construir un pequeño edificio con recursos de sus ovejas. Por algún tiempo, organizó campañas evangelísticas y hablatones para recaudar fondos para mantener la radio. Por aparentes malas rendiciones de cuentas, fue expulsado de la iglesia y la denominación le quitó el cargo de pastor.
Después del 2018 reapareció como un férreo defensor del régimen. Como dejó de ser pastor, ocupó cargos en el partido, fue secretario político y coordinador de mesa electoral habilitado por el Consejo Supremo Electoral de ese municipio. «Es lamentable que esta persona esté promoviendo el robo de propiedades, hay temor, pero ojo, también habrá arrechura si cometen ese tipo de abusos», dijo un comerciante que viaja con frecuencia para comprar mercadería en el extranjero y mantener un negocio en esta zona del país.
«Yo solo digo; cuidado tocan mi casa, me ha costado lágrimas y sacrificio para poder verla hasta dónde está», señaló otro jinotegano que en 2019 dejó el país en busca de mejor suerte en España.
«Muchos hemos viajado largo para meter dinero a la casita, hemos aguantado hambre y frío, no para que un malandrín que no trabaja venga a quedarse con ella. Mejor que ni se les ocurra», dijo otro ciudadano jinotegano en el exilio.
Confiscaciones, malos recuerdos de los 80
Durante los años 80, cuando los sandinistas llegaron al poder tras una revolución armada, dejaron después una estela de horror y muerte entre campesinos con una guerra sin sentido. Nadie olvida que el mismo líder de esa época, Carlos Barquero, fue enjuiciado por crímenes contra los campesinos, aunque nunca fue llevado a la cárcel.
Varios finqueros perdieron propiedades, acusados de contrarrevolucionarios, y después las repartieron para convertirlas en las llamadas cooperativas campesinas.
Recientemente, en el año 2017, por ejemplo, la finca Santa Mónica, ubicada en la comunidad de El Charcón, en Pantasma, propiedad del exalcalde liberal Reynaldo Chavarría, fue confiscada y repartida entre precaristas y paramilitares sandinistas, todo bajo la complicidad de la policía departamental y local.
A partir del año 2018, miles de pantasmeños emigraron hacia otros países, siendo su principal destino Estados Unidos. Algunos dejaron a familiares cuidando las propiedades y otros las rentan.
Por Voces Unidas
