Tras el encarcelamiento de monseñor Rolando Álvarez, la vigilancia, la persecución y las amenazas hacia líderes comunitarios y laicos aumentó en la Diócesis de Matagalpa, a tal punto que unos 17 Delegados de la Palabra y coordinadores de diferentes zonas rurales, se vieron forzados al exilio entre junio y julio de este 2023, denunció una fuente eclesial que pidió omitir su identidad.
La fuente declaró que estos comunitarios que brindan servicio en los templos eran «citados por la Policía» o bien eran visitados en sus casas por miembros del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) o por secretarios políticos, quienes les pedían «información de los sacerdotes».
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La fuente detalló que esta situación se dio con quienes ejercían liderazgo en la comunidad de Palcila, situada en la carretera de Matagalpa a Jinotega; con miembros de la iglesia de la zona sur de la ciudad norteña y en otros municipios del departamento.
Líderes de fe importantes
Los Delegados de la Palabra son hombres y mujeres que tienen como misión presidir una celebración religiosa y proclamar el evangelio en momentos especiales como funerales, aniversarios y «fiestas de guardar», en caso que el sacerdote no pueda asistir. Estas personas son consagradas por el Obispo de su diócesis para poder desempeñar su labor.
Los Coordinadores de las Comunidades son quienes asisten al sacerdote en la organización de festividades religiosas en las parroquias y ayudan a orientar el trabajo de los diferentes grupos en los templos.
Régimen militariza Matagalpa
Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, fue encerrado en la Curia Episcopal el 4 de agosto de 2022, junto a un grupo de sacerdotes, un diácono y laicos que lo acompañaron para celebrar una misa. Todos permanecieron ahí bajo custodia policial hasta el 19 de agosto, cuando el jerarca fue trasladado a Managua en condición de «casa por cárcel», mientras sus acompañantes fueron llevados a El Chipote.
Fue en febrero de este 2023, que la dictadura mandó a desterrar a Estados Unidos a un grupo de 222 presos políticos, incluidos los acompañantes del Obispo. Tras su destierro, estas personas fueron declaradas apátridas y en ese mismo mes monseñor Álvarez fue llevado a El Chipote y condenado a 26 años de prisión por el supuesto delito de traición a la patria.
Cabe mencionar que, desde el encierro forzado del líder religioso, se marcó un antes y un después en Matagalpa. La represión aumentó significativamente y se volvió «común» ver patrullas con policías fuertemente armados por toda la ciudad.
Templos vigilados
La dictadura incrementó la vigilancia en los templos y prohibió que en las misas se pidiera por monseñor Álvarez, además se dedicó a perseguir y capturar a los laicos que trabajan con el Obispo, tal es el caso del matagalpino Freyling Moreno Ponce, encarcelado el pasado primero de junio.
En mayo, la policía del régimen secuestró al padre Jaime Iván Montesinos, titular de la parroquia Juan Pablo II en Chagüitillo, Sébaco, de la Diócesis de Matagalpa. El religioso, según informó la Policía en una nota de prensa, sería investigado «por cometer delitos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación».
Hasta ahora se desconocen las condiciones en las se encuentra Moreno Ponce y el padre Montesinos, ya que la dictadura mantiene total hermetismo sobre esos casos.
Por Voces Unidas