El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a sus simpatizantes ofrecer en comunidades caribeñas 200 córdobas a cambio de firmas de ciudadanos, que aparentemente utilizarán como una estrategia para destrabar los fondos verdes del proyecto Bio-Clima.
Para algunos comunitarios, la acción de la dictadura raya en la infamia, tras los crímenes que ha permitido contra los pueblos caribeños, los que van desde el saqueo de sus recursos, robos de tierras ancestrales, hasta violaciones a sus mujeres y asesinatos a quienes resisten los abusos.
Las autoridades del régimen Ortega-Murillo fueron informadas en julio pasado que la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) suspendió su acceso al fondo de 116.6 millones de dólares que le aprobó para financiar el proyecto BioClima. Según el régimen, los fondos se invertirán para reducir la deforestación y proteger las riquezas naturales de la biósfera de Bosawás y Río San Juan, pero no lo creen.
Estrategia desesperada
Activistas defensores de pueblos indígenas han criticado el doble rasero de la dictadura, que mientras pide para supuestamente favorecer a las comunidades, permite que empresas de capital sandinista exploten de forma indiscriminada las zonas y se hace de «la vista gorda» ante decenas de denuncias de crímenes de colonos armados contra familias indígenas que las han obligado a desplazarse para salvar sus vidas.
Amaru Ruiz, quien dirige la oenegé Fundación del Río, explicó en ese momento que los directivos del Fondo Verde le dieron a la dictadura cuatro meses, 120 días, para dar respuesta a las denuncias, además de corregir errores de procedimientos para la obtención de los fondos. Ruiz agregó que le sería difícil al régimen subsanar las faltas en tan poco tiempo de problemas que tienen más de 10 años.
Líderes indígenas han contado que el régimen, desesperado por echar mano a los fondos, ha ordenado militarizar con policías las ciudades caribeñas para supuestamente frenar a los colonos, lo que les ha parecido a los comunitarios un absurdo. «Aquí la policía más bien ha venido a intimidar a los comunitarios, ellos saben quiénes son los colonos, saben dónde están los invasores, es más, son sus cómplices», señalaron.
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Asimismo, denunciaron que a la par de militarizar las comunidades, están en la tarea de la recolección de firmas a cambio de los 200 córdobas. «Van a las comunidades a mentirles, llegan y les ofrecen el dinero, les dicen que los fondos serán reinvertidos en las comunidades, pero primero los sobornan para las firmas. Los que aceptan son anotados en una lista con su número de cédula y los hacen firmar el engaño», dijo un representante de una comunidad, en desacuerdo con la compra de firmas.
Le exigen transparencia al régimen
Otro comunitario dijo que ellos son del criterio que el régimen debería hacer una consulta real a las comunidades indígenas sobre el tema de los 116 millones de dólares del proyecto Bio-Clima. «No nos queda claro el beneficio de ese proyecto», apuntó.
«Al contrario, lo que sabemos es que le traería a la Costa Caribe complicaciones en sus territorios, ya que aunque digan que no, atenta contra el ecosistema, flora y fauna de sus comunidades», dijeron algunos representantes del Consejo de Ancianos de la Moskitia.
Los líderes recientemente emitieron un comunicado donde expresan su descontento rotundo sobre estas últimas acciones de los funcionarios de la pareja dictatorial. «Comprar firmas, engañar a la gente es el colmo», subrayó un integrante de este consejo.
En lo que llamaron el IV comunicado, los indígenas aseguraron que «su estilo de vida con la madre tierra se ha ido destruyendo poco a poco». Además, descalifican la acción de recolección de firmas engañando a las comunidades.
«La gente en nuestras comunidades desconocen completamente qué es el proyecto Bio-Clima, para ellos es algo nuevo, sin embargo, los funcionarios del gobierno los engañan como ciegos, con inseguridad, sin saber qué y a quiénes beneficiaría directamente. Nosotros estamos claros que solo beneficia al gobierno», se lee en la misiva.
Exigen la expulsión de invasores
Los comunitarios y representantes de los pueblos indígenas demandaron al régimen el «saneamiento o depuración» de sus territorios, ya que han sufrido invasión por colonos que han destruido sus comunidades. Exigen que eso debería ocurrir, antes que se apruebe el desembolso al gobierno.
En el Caribe Norte, el régimen asedia a líderes indígenas, autoridades locales dirigidas por las asambleas indígenas y guardabosques de las diferentes comunidades, porque han denunciado el descontento de las comunidades por la falta de protección de las familias indígenas de Li lamni, Li Aubra, Tasba Pri, Mayagna Sauni As, y Twi Yahbra, entre otras, a las que se les han violentado sus derechos.
En algunas de estas comunidades, los fanáticos del régimen señalaron que han iniciado un proceso de consulta sobre el proyecto desde mediados de agosto, pero quienes han oído lo que dicen, detallaron que se limitan a informarles de la necesidad del gobierno de acceder a los fondos, sin dar detalles.
«Esas supuestas consultas se hacen fuera de tiempo, ya que se debió de llevar a cabo en el año 2020 cuando el proyecto Bio-Clima estaba siendo formulado, las reuniones se llevan a cabo con muy poco tiempo, de dos a tres horas, señalamos que esto no es tiempo suficiente para realizar un buen debate sobre los objetivos, los alcances y los riesgos del proyecto», criticaron líderes de esas comunidades.
Señalaron que no se ha debatido sobre el contenido del proyecto, ni se ha llegado a acuerdos con la población indígena, por lo tanto, no establece intereses de los comunitarios, sino del gobierno. Además, aseguraron que la participación por parte de los pobladores indígenas y afrodescendientes, ha sido muy baja.
Poca información
Según miembros del Consejo de Ancianos Muskitia, durante las consultas no se brinda suficiente información, sobre los beneficios, los riesgos, salvaguarda, ni tampoco han dejado claro quiénes son los garantes de esos beneficios.
La participación de representantes de los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte es casi nula, ya que se limitan a brindar algún tipo de información, las consultas están limitadas y condicionadas por simpatizantes del gobierno. «Cinco personas no pueden representar a cien o quinientas, la metodología culturalmente no es pertinente, ya que no se ha presentado el proyecto en idiomas indígenas o inglés criollo», agregaron.
El proyecto Bio-Clima: es la acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawas y Río San Juan. Entre el año 2022 y 2023, el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes denunció que las comunidades han sufrido invasión por parte de colonos, violaciones a sus derechos humanos en 83 comunidades, aproximadamente, de 17 territorios indígenas de la Costa Caribe Norte.
Por Voces Unidas
