Tras casi 72 horas de la detención, sin orden judicial, en contra del sacerdote Osman José Amador Guillén, de la Diócesis de Estelí, especialistas en temas religiosos calificaron la nueva arremetida de la Policía orteguista como una desaparición forzada.
Fuentes ligadas a la Iglesia católica denunciaron que el viernes, ocho de septiembre, un contingente de efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP) irrumpieron en la Catedral Nuestra Señora del Rosario, de Estelí a eso de las 10 de la noche y sin dar ninguna explicación se llevaron al religioso.
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Para el exreo político Manuel Antonio Obando Cortedano, quien fue jefe de medios de la Diócesis de Matagalpa y periodista de confianza de monseñor Rolando Álvarez, no existe nada para atribuir la desaparición forzada del sacerdote Amador Guillén, «tal y como sucede con otras detenciones en Nicaragua».
«Al padre —Osman Amador Guillen— simplemente lo detuvieron, no existe una comunicación oficial del motivo de la detención, y por eso ahora todo el mundo empieza especular porqué sería la captura, pero estoy seguro que no existe ninguna razón lógica para que haya sido detenido», explicó Obando a Artículo 66.
Por su parte, el periodista especializado en temas religiosos Israel González Espinoza indicó que la última detención en contra del sacerdote de la Diócesis de Estelí está «en la tónica de la misma persecución religiosa que está experimentando la Iglesia católica de Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo».
Dijo, además, que los supuestos casos de lavado de corrupción, «fabricados por parte de la dictadura, es únicamente para intentar desprestigiar la imagen de la Iglesia».
Mientras que la abogada e investigadora Martha Patricia Molina indicó que el dictador Daniel Ortega continúa su involución en temas de derechos humanos, implementando el secuestro como método de arresto, acción que, explica, no está permitida por la ley.
Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo consumaron el robo de la casa del defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión entre el domingo 10 y lunes 11 de septiembre, cuando funcionarios del régimen violaron las cerraduras y se metieron a la vivienda.
La casa número 148, de la residencial Altos de Nejapa, una zona de alta plusvalía en la capital, fue confiscada al defensor Carrión el pasado mes de febrero, luego que los dictadores ordenaran a su Poder Judicial despojarlo de su nacionalidad y de todos sus bienes, en represalia por su labor en defensa de los derechos de los nicaragüense y por denunciar los crímenes de lesa humanidad que han perpetrado los tiranos sandinistas.
El abogado, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, confirmó a Artículo 66 que personas del régimen ocuparon su vivienda desde este domingo, cuando violaron las cerraduras y la invadieron.
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La mañana de este lunes, una brigada de trabajadores, aparentemente de mantenimiento de la Alcaldía de Managua, también ocupó la casa robada a Carrión, según se ve en un vídeo que personas que pasaron por los alrededores lograron grabar. Los empleados públicos limpiaban la maleza en los alrededores y patios internos.
En el contexto de las fiestas patrias que vive el país y la región centroamericana, dos docentes jubilados de la ciudad de Masaya, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, denunciaron que las escuelas públicas son utilizadas por la dictadura como centros para proselitismo político y desinformación lo que «aniquila» la poca calidad educativa que quedaba en Nicaragua.
Los profesores acusaron al Ministerio de Educación (Mined) como el primer responsable de irrespetar los símbolos patrios de la nación. El pasado 30 de agosto, la vocera gubernamental Rosario Murillo anunció que durante este mes de septiembre en todas las instituciones del Estado, sobre todo en los centros educativos, se izaría la bandera rojinegra de su partido el Frente Sandinista (FSLN), junto a la Bandera Azul y Blanco.
Eso, aunque en Nicaragua, alzar una bandera azul y blanco es un crimen para el régimen Ortega Murillo, una acción que puede llevar a cualquier nicaragüense a la cárcel. El uso de la bandera nacional ha sido criminalizado por ser un símbolo de la resistencia de la oposición nicaragüense. Y en el Estado, es obligatorio acompañarla con la rojinegra.
