La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (OACNUDH) sostiene categóricamente que la situación de los derechos humanos en Nicaragua, bajo la administración de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, «ha seguido deteriorándose gravemente» durante el último año. Los ciudadanos que son percibidos como opositores al régimen se llevan la peor parte, dice el informe que será presentado el próximo martes, 12 de septiembre en Ginebra, Suiza.
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU celebrará su 54 período de sesiones entre el 11 de septiembre y el 13 de octubre próximos, y por la importancia que el organismo le ha dado a la crisis que vive Nicaragua, el análisis de la situación del país será abordado como punto dos de la agenda de la máxima reunión mundial sobre derechos humanos.
Un adelanto del informe oficial de la OACNUDH, que fue facilitado a Artículo 66, indica que, en medio del agravamiento de la situación de los derechos humanos las personas percibidas como opositoras al Gobierno (de Ortega y Murillo) son perseguidas y sometidas a una amplia gama de medidas arbitrarias que violan sus derechos humanos, incluida la prisión, sentencias dictadas sin juicio y la privación de la nacionalidad mediante decisiones judiciales que «carecen de toda semejanza con la legalidad».
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Asimismo, denuncian que la práctica de la «detención arbitraria» de personas consideradas opositoras al régimen, que es una forma de represión que comenzó con la crisis de derechos humanos en 2018, «continuó durante el período que abarca el informe (2022-2023)».
«OACNUDH ha seguido observando un patrón de violaciones sistemáticas del debido proceso, garantías y el derecho a un juicio justo de las personas consideradas opositoras al Gobierno. Se han seguido realizando detenciones sin orden judicial», señala el documento.
La organización mundial apunta que el Gobierno de Nicaragua también «ha seguido limitando indebidamente la capacidad cívica y espacios democráticos, aumentando su control sobre las instituciones y los espacios públicos y restringiendo actividades de individuos y grupos con voces disidentes».
Algo que agrava aún más la situación de los opositores, refleja la ONU, es que sus familiares también son reprimidos con las mismas medidas que sus parientes activistas y esa expansión de la represión «ha tenido un efecto paralizador en el sentido más amplio de la sociedad nicaragüense, dejando claro que cualquier persona crítica con el Gobierno, y sus familiares, serán castigados».
Defensores de DD.HH. no se rinden
La OACNUDH también informa que, con la eliminación progresiva de todas las asociaciones independientes, sumado al control de todas las instituciones públicas, la expulsión y el exilio de los principales líderes de la oposición, la dictadura Ortega-Murillo «ha reducido el espacio cívico y democrático hasta tal punto que no deja espacio para la disidencia».
No obstante, la instancia mundial reconoce que, pese a la represión orteguista, los defensores de los derechos humanos «continúan trabajando, tanto en Nicaragua y en el exilio, abogando por la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y por el retorno a la democracia y al estado de derecho».
Los más vulnerables, los más afectados
El informe del Alto Comisionado de la ONU también denuncia las negativas consecuencias que ha traído para Nicaragua la guerra que ha desatado la dictadura de Ortega contra las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFDL) y toda la sociedad civil, en la que ha ilegalizado, entre el 15 de agosto de 2022 y el 15 de junio de 2023, un total de 1 mil 988 ONG, entre ellas 298 extranjeras registradas en el país.
La dictadura Ortega-Murillo desde el 2018 hasta la actualidad ha anulado 3 mil 338 personalidades jurídicas «una cifra sin precedentes», dice la organización.
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Asimismo, la OACNUDH destaca que las ilegalizaciones de las ONG han llevado a las organizaciones a suspender sus distintos tipos de asistencia, «impactando negativamente en el disfrute de una serie de derechos humanos de los beneficiarios».
«Un estudio que evaluó el impacto del cierre de una muestra de 53 de las 3.338 asociaciones cerradas, concluyó que, con el cierre de estas 53 organizaciones, Nicaragua había perdido una inversión de 41 millones de dólares, 2 mil empleos y servicios para más de 1 millón de beneficiarios», destaca el informe.
Dictadura irrespeta derechos mujeres y las niñas
El informe que será presentado en la 54 Sesión del CDH de la ONU destaca entre sus puntos importantes que el Gobierno de Nicaragua «sigue sin respetar los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que no están suficientemente protegidas contra la violencia de género, incluido el matrimonio infantil».
Ante tal situación, la OACNUDH se declara «preocupada por el impacto combinado de la prohibición absoluta del aborto y la alta tasa de embarazos precoces, que conduce a abortos inseguros y a la muerte de las mujeres y las niñas».
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado denuncia que los pueblos indígenas siguen sufriendo asesinatos y ataques por parte de colonos, por intereses territoriales y las actividades mineras.
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«Esta situación ha puesto a los pueblos indígenas bajo la constante amenaza de desplazamiento y pérdida de sus medios de vida», dice el informe.
El CDH es la máxima instancia de la ONU encargada de la promoción del respeto universal y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Está integrado por 47 Estados miembros. Realiza su sesión ordinaria una vez al año y rinde informe y recomendaciones a la Asamblea General de las Naciones Unidas.