Las fuertes amenazas contra el periodismo independiente vertidas por un «prepotente y arrogante» jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, no son más que la muestra fehaciente de que los periodistas que no se subordinaron a la dictadura Ortega-Murillo están en serio peligro dentro y fuera de Nicaragua, además, también quedó más que evidenciado que los jefes del Ejército están totalmente sometidos a los dictadores, valoraron organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) se declaró «muy preocupado» por las declaraciones del jefe del ejército nicaragüense, el general Avilés, criminalizando a los medios de comunicación independientes y de esa forma, los dictadores «siguen poniendo en peligro a los trabajadores de prensa aún en el exterior», según dice el organismo defensor en un comunicado divulgado en la red social X.
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Calidh le recuerda al Ejército que «no tiene facultades para intervenir u opinar respecto de los derechos de los nicaragüenses, incluida la libertad de prensa». Asimismo, el organismo advierte que, con sus amenazas, el general Avilés no hizo más que exhibir plenamente que esa institución militar mantiene una subordinación extralimitada a los dictadores Ortega y Murillo.
En entrevista exclusiva con Artículo 66, el exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrão criticó el reciente discurso de odio del jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, en contra del periodismo independiente.
Durante la celebración del 44 aniversario de la institución castrense, el general calificó de «vividores y mercenarios de la información» a los periodistas, a la vez que le volvió a jurar lealtad a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Tras este nuevo ataque, el defensor de derechos humanos señaló que es «demasiado asintomático que el Ejército se meta en temas políticos», puesto que afirma que la tarea constitucional de la fuerza armada es la defensa nacional «y estos pronunciamientos constituyen un grave desvío de finalidad institucional».
«Las fuerzas armadas, para tener credibilidad, no deben meterse ni apoyar visiones políticas (…) Es una actitud que la desprestigia como órgano de Estado y que revela que están instrumentalizadas por un proyecto político», subrayó Abrão.
Entre finales de 2018 al cierre de agosto 2023, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado un total de 3 mil 484 organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, de estas 3 mil 359 entidades han sido ilegalizadas y confiscadas arbitrariamente y al menos 87 se han visto forzadas a disolver «voluntariamente» sus personalidades jurídicas, reveló el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El número de organismos cerrados por la administración sandinista representa el 48% de las organizaciones sin fines de lucro que existían en el país previo al estallido social de abril 2018, cuando el régimen alcanzó las 7 mil 227 entidades activas en ese momento.
En su informe «Cierre Total del Espacio Cívico en Nicaragua», el Colectivo aseguró que en 2023, el régimen orteguista ha continuado «consolidando la supresión del espacio cívico (en Nicaragua) al violar de forma sistemática y generalizada el derecho humano a la libertad de organización».
