Organizaciones opositoras, integrantes de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), rechazaron que el régimen de Daniel Ortega señale a la Universidad Centroamericana (UCA) de ser «centro de terrorismo que organiza grupos delincuenciales».
Ante esta nueva acción en contra de la UCA, los opositores llamaron a las naciones en Latinoamérica, «advirtiendo que la dictadura en Nicaragua muestra su desprecio por los derechos humanos y las libertades fundamentales (…) evidenciado en sus reiteradas acciones arbitrarias y su flagrante falta de respeto por la libertad».
Noticia relacionada: Exalumnos y docentes de la UCA se solidarizan y lamentan ataque contra esa alma mater
A la vez recordaron que «el derecho a la educación es innegablemente un derecho humano, que abarca facetas a nivel civil, político, económico, social y cultural. Su propósito radica en el completo desarrollo de la individualidad y el fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales».
«Adoptamos sin reservas el llamado de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DD.HH.), resaltando que la educación promueve la comprensión, la tolerancia y la amistad entre naciones y grupos étnicos o religiosos», recalcaron.
Por otra parte, denunciaron que la administración Ortega y Murillo amenaza con despojar a la Compañía de Jesús de su dirección en la UCA, «desmantelando sus infraestructuras y desarticulando su programa académico, científico, crítico y transformador».
En cuanto a los nicaragüenses, PUDE instó «a aquellos que abrazan otros credos religiosos y a la democracia, a avivar el espíritu de libertad y renovar su compromiso con los valores fundamentales.
Noticia relacionada: ONU cuestiona confiscación a la UCA y alerta sobre la «grave afectación» a la educación
Desde el 2022, la dictadura de Ortega arreció su ataque contra la UCA, primeramente sacándola de la partida presupuestaria del 6% constitucional, luego expulsándola del CNU y en agosto de este año le congeló sus cuentas bancarias y le inmovilizó sus bienes inmuebles, para luego oficializar la confiscación, a través de la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, acción que ha sido reprobada por organismos nacionales e internacionales.