A través de un comunicado, más de 60 nicaragüenses que fueron y son alumnos y docentes de la Universidad Centroamericana (UCA) rechazaron la reciente confiscación ejecutada por el régimen de Daniel Ortega en contra de los bienes muebles e inmuebles y los activos bancarios de esa alma mater.
Señalaron que esta nueva acción en contra de esa casa de estudios «vulnera gravemente la autonomía universitaria, el derecho a la educación y la libertad académica» y conlleva graves consecuencias para más de 5,000 estudiantes, «algunos cursando sus últimas asignaturas, así como, para docentes y personal administrativo que quedarían en el desempleo».
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Remarcaron, además, que es la sociedad nicaragüense, en su conjunto, la principal afectada con el cierre de la UCA, «no solo por la pérdida de una institución educativa de calidad y comprometida con valores humanistas y democráticos, sino, también por la suspensión de líneas de investigación académica tan necesarias para conocer la realidad del país en diferentes ámbitos para enfrentar los problemas estructurales de nuestra sociedad».
También recordaron que la Universidad Centroamericana —fundada en 1960— es la primera institución de educación superior creada en Centroamérica por la Compañía de Jesús, «y desde entonces ha invertido valiosos esfuerzos en la formación de miles de profesionales que desde distintas áreas aportan al desarrollo integral de nuestro país».
Por otra parte, subrayaron que durante los últimos cinco años, la UCA había sido objeto de persecución por parte del régimen Ortega y Murillo, «en clara represalia por el respaldo que esta institución académica ha dado al estudiantado y su compromiso con la verdad y la justicia».
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«Las campañas de desprestigio, los ataques a sus instalaciones, el destierro el ex rector, Padre José Idiáquez S.J, y del vicerrector general, Dr. Jorge Huete, así como la cancelación de la partida presupuestaria que el estado entregaba a la UCA para el otorgamiento de becas que beneficiaban al 60% del estudiantado, fueron el preámbulo para confiscación ejecutada», enfatizaron.
Ante estos atropellos, las personas firmantes llamaron a las instituciones académicas de la región y del mundo, a manifestar su solidaridad activa con la UCA y denunciar estas acciones, que hace que esa casa de estudios se sume a la lista de más de 26 universidades confiscadas.
Entre los firmantes del escruto están la exrea política Tamara Dávila Rivas, Marlon Enrique Caldera, la periodista Gabriela Selser, Christy Melissa Martínez, Ana Laura Chamorro Avilés, Juan Diego Barberena, Amaia Pérez Orozco, el exreo político Javier Álvarez, la defensora de derechos humanos María Teresa Blandón, la exrea política Silvia Nadine Gutiérrez.
Otros de los firmantes son Noel Castellón Rocha, Leo Joao Amador Tuckler, Rosa María Blandón Blanco, Edipcia Dubón, el abogado Héctor Mairena, Luis Berrios Novoa, María Eugenia Gómez López, la exguerrillera Dora María Téllez, la exrea política Ana Margarita Vijil, la periodista Patricia Orozco Andrade, Suyen Barahona Cuan, Mónica López Baltodano, Juan Carlos Gutiérrez Soto, Adelayda Sánchez Mercado, Berta Valle y el periodista Wilfredo Miranda Aburto.