El martes, 04 de julio, al menos cinco medios de comunicación independientes de Nicaragua y varios internacionales aseguraron que monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa, había sido liberado, citando fuentes diplomáticas y eclesiásticas, luego de que el religioso católico estuviera 100 días incomunicado en una celda del Sistema Penitenciario «La Modelo», una prisión en Tipitapa, a poco más de 20 kilómetros de la capital.
Pero sigue en las celdas del régimen, tras una supuesta negociación infructuosa sobre su desplazamiento forzado fuera del territorio nacional. Aunque el Cardenal Leopoldo Brenes aseguró que dicha noticia «era especulación» y que la familia del laico “ha ido” a verle, hasta la fecha se desconoce la situación alrededor del religioso más crítico de la administración sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
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Nada se sabe de su estado físico, luego de haber sido secuestrado el viernes, 19 de agosto de 2022, presentado por primera vez en diciembre del mismo año, y condenado el 10 de febrero de 2023 tras negarse al exilio. En marzo de este año, el régimen nicaragüense mostró a monseñor Álvarez junto a dos de sus hermanos. Desde entonces, poco se sabe del religioso.
14 de julio de 2022: inicia el asedio contra Álvarez
Según fuentes consultadas para este reportaje, cuando monseñor José Leonardo Urbina fue detenido en Nicaragua por una denuncia de supuesta violación a una menor de edad -convirtiéndose en el segundo religioso de la iglesia católica detenido en lo que iba de 2022-, el asedio contra monseñor Rolando Álvarez comenzaba a tener forma. Comenzaron a «vigilarlo desde las esquinas a su residencia, en las misas y en los cursos o actividades humanitarias».
Entonces, en julio de dicho año, «e incluso antes», el religioso, que encabeza también a las iglesias de Estelí, empezó a ser perseguido y vigilado por oficiales de la Policía del régimen y simpatizantes sandinistas. Sus homilías para dichas fechas comenzaron a tener tintes más críticos contra «las fuerzas oscuras que dominan al país centroamericano».
27 de julio de 2022: rodean la casa cural de Matagalpa
Las autoridades de la Policía Nacional de Nicaragua ordenan rodear la Curia Episcopal de Matagalpa, como un acto más de intimidación, evitando desde entonces la movilización del religioso católico. «No tiene orden (permiso) de salir», le dijeron.
La tarde-noche del 01 de agosto, la Policía Nacional de Nicaragua rodeó y asaltó violentamente la capilla del Niño Jesús de Praga en la ciudad de Sébaco, Matagalpa, ocupando el equipo de la Radio Católica de Sébaco. Esto ocurrió horas después de que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) ordenara el cese de su transmisión religiosa. Se cerraron también otras seis radios pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa.
Durante el asalto, las y los feligreses presente fueron agredidos y el servicio de energía de la iglesia fue cortado, sumiéndola en la penumbra. La Policía intentó dispersar a los ciudadanos con disparos al aire, mientras estos buscaban refugio de la violencia policial.
El padre Uriel Vallejos, responsable de la capilla, informó sobre las tensiones y el asedio policial a través de las redes sociales. En medio de la situación, dos personas fueron detenidas por la Policía.
Estos eventos violentos se desarrollaron ya en un contexto de fuertes tensiones entre el régimen Ortega-Murillo y la iglesia católica en Nicaragua. Varios sacerdotes ya estaban arrestados o habían optado por exiliarse, y las actividades religiosas ya eran objeto de persecución por parte del oficialismo. Anteriormente a esto, el ente regulador ya había cancelado tres canales de televisión propiedad de la iglesia católica y otros medios con años de trayectoria. Para esa fecha, según las fuentes eclesiásticas consultadas, monseñor Álvarez, intensificó sus oraciones y su círculo cercano comenzaba a «percibir lo peor».
02 de agosto de 2022: un Obispo, el Santísimo y la Policía
El obispo Rolando Álvarez protagonizó un valiente acto de resistencia durante dos horas consecutivas la mañana del 02 de agosto de 2022. Mientras entonaba cantos y compartía mensajes de aliento, denunció el acoso a la casa cural y la persecución a la que se enfrentaron varios religiosos desde horas antes, incluyendo al padre Vallejos, en Sébaco.
Durante la manifestación pacífica, la presencia policial aumentó y rodeó la zona, impidiendo el acceso de los fieles que intentaban unirse en oración. Mientras tanto, cientos de personas siguieron los acontecimientos a través de la transmisión de la Diócesis de Matagalpa y expresaron su apoyo. El obispo Álvarez intentó abrazar a los oficiales de policía, pero su gesto fue rechazado. Denunció que su residencia estaba bajo custodia policial desde el miércoles 27 de julio de 2022.
El suceso adquirió relevancia en medio de la guerra que el régimen Ortega-Murillo tiene contra la iglesia católica y la palabra de Dios. Álvarez cuestionó a los oficiales sobre el daño que la iglesia les ha causado y resaltó la falta de cooperación por parte de las autoridades. La analista Mildred Largaespada, destacó entonces el significado simbólico del evento, afirmando que el régimen Ortega-Murillo asediaba al Santísimo y limitaba la libre expresión religiosa. Álvarez se convirtió en un mediador entre lo divino y lo terrenal, llevando consigo la palabra de Dios en medio del acoso policial.
A pesar de los obstáculos, el obispo Álvarez realizó una última misa para pedir protección para los sacerdotes del país, esa tarde. Sin embargo, luego de esto, los antimotines le impidieron movilizarse a la Catedral de Matagalpa para oficiar otra ceremonia religiosa, alegando que no se le había otorgado permiso de salida. El valiente recorrido del Obispo fue respaldado por la población, que coreaba «Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre». Álvarez hizo un llamado a amarse mutuamente y a ejercer la libertad religiosa, de expresión y de circulación.
10 de agosto de 2022: Matagalpa militarizada
El Parque Morazán en Matagalpa estuvo sumido en tensión y zozobra debido al despliegue de antimotines y policías, cuya presencia sembró miedo, controlando a la ciudadanía mediante la violencia. Los estudiantes del colegio San Luis dejaron de asistir a clases y el parque, antes bullicioso, estaba entonces desolado. Las y los vendedores cercanos a la iglesia, presuntamente afines al régimen sandinista, procuraron mantener una apariencia de normalidad, interrumpiendo las misas y generando ruido. La zona estuvo fuertemente custodiada por agentes policiales para evitar cualquier muestra de protesta contra el régimen Ortega-Murillo.
No obstante, a pesar de la intimidación, la población se unió en apoyo a la iglesia católica y convocó para dicha fecha actividades como «el cacerolazo». Sin embargo, las y los ciudadanos entendieron las consecuencias y algunos fueron citados por la Policía, lo que generó inquietud y más miedo. La presencia policial fue masiva, con numerosos agentes de tránsito y antimotines vigilando las calles. Fotografiaban y filmaban a aquellos que acudían al templo, ya asediado. La situación, una noche, incluso terminó en un enfrentamiento verbal entre la población y la Policía, resultando en un desalojo violento.
La Conferencia Episcopal de Latinoamérica y el Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, mostraron su «solidaridad» con la iglesia y el pueblo de Nicaragua ante la persecución y asedio. Asimismo, el Grupo Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad (GLCC) se unió entonces al dolor y sentimiento del pueblo nicaragüense.
15 de agosto de 2022: otro sacerdote detenido
Un tercer sacerdote, Oscar Benavidez, párroco de la iglesia Espíritu Santo en Mulukuku, fue detenido el 15 de agosto del año 2022. La Diócesis de Siuna confirmó la noticia y solicitó información sobre las causas de la detención.
El párroco fue arrestado después de oficiar una misa. Es descrito como una persona «amable y carismática que hablaba sobre la situación de la iglesia». Esta detención se produjo en el contexto de la represión del régimen de Ortega contra la iglesia Católica, a la que acusa de ser golpista y traidora por albergar a manifestantes en los templos durante las protestas iniciadas en abril de 2018.
Para dicha fecha, otros dos religiosos ya se encontraban en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, y la administración sandinista había expulsado recientemente a un grupo de monjas de la orden de la Madre Teresa de Calcuta. El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, comparó la situación con el caso del profeta Jeremías y afirmó que los tiranos no toleran la palabra profética que revela sus crímenes y maldad. «La detención de Álvarez era solo cuestión de tiempo», comenta «Wendy», quien laboró en el área administrativa de la Arquidiócesis de Managua hasta finales del año 2022.
17 de agosto de 2022: la búsqueda de los falsos testigos contra el Obispo
El periodista nicaragüense, Eduardo Montenegro, huyó del país centroamericano después de recibir una solicitud de un funcionario oficialista, con el fin de que este hablara mal del obispo Rolando Álvarez. Montenegro se negó a cumplir la petición y decidió exiliarse en Estados Unidos por temor a represalias del régimen de Ortega. Según el reportero, otras cuatro personas en Matagalpa también fueron presionadas por el régimen sandinista para desprestigiar públicamente a Monseñor Álvarez.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron entonces el aumento de la persecución política en Nicaragua y la presión sobre aquellos que se oponen al régimen de Ortega. La comunidad internacional expresó su preocupación por la situación y condenó los ataques contra la iglesia católica y los periodistas independientes.
«Al final, utilizaron a oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua y a simpatizantes sandinistas disfrazados de cleros o simples seguidores de la iglesia matagalpina» para judicializar a monseñor Álvarez, según detalla otra fuente relacionada al proceso del religioso, quien para esta fecha no contaba con representación legal ante las acusaciones.
19 de agosto de 2022: secuestro y traslado
La Policía Nacional de Nicaragua llevó a cabo una redada en la Curia Episcopal de Matagalpa, deteniendo a ocho religiosos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. Monseñor Álvarez fue trasladado a su vivienda en Managua, donde permaneció bajo arresto domiciliario hasta ser trasladado al Sistema Penitenciario «La Modelo» en Tipitapa, mientras que los otros siete laicos fueron llevados a las celdas de la DAJ en la capital nicaragüense. El asalto, que fue descrito como violento por diversas fuentes, fue dirigido por oficiales de las fuerzas especiales. La detención ilegal fue condenada por la comunidad internacional y las autoridades religiosas de la región, horas después de confirmarse el traslado de los religiosos a través de un comunicado emitido por el cuerpo armado.
La población nicaragüense siguió los sucesos de cerca, a pesar de la represión contra los medios independientes y el apagón informativo impuesto por el régimen hasta ese entonces. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó esta escalada represiva contra el catolicismo en Nicaragua, instando al Estado a cesar de inmediato estos actos. Varios organismos religiosos y civiles también expresaron su solidaridad con la comunidad nicaragüense y los detenidos.
La Policía afirmó que esperó una comunicación positiva del Obispado de Matagalpa, pero al no recibirla, llevaron a cabo la redada. Monseñor Álvarez se mantuvo firme en su postura de denuncia y emitió mensajes esperanzadores durante su encierro en la casa cural, que duró más de diez días. El régimen nicaragüense afirmó que el operativo policial permitió recuperar la normalidad en la zona, pero la situación en Matagalpa siguió siendo tensa.
Fuentes eclesiásticas aseguraron a esta redacción que el asalto, dirigido por el comisionado matagalpino Sergio Gutiérrez -bajo el mando del comisionado general y subdirector de la Policía Ramón Avellán-, fue violento y perpetrado por más de 20 oficiales de las fuerzas especiales, distribuidos en al menos 15 patrullas, quienes tenían como objetivo principal extraer a monseñor Álvarez y trasladarlo hasta la ciudad capital, contradiciendo la versión oficial.
Las autoridades sandinistas aseguraron en su momento que las circunstancias reflejan que cualquier decisión sobre la vida del sacerdote y los religiosos católicos estaría en manos de la pareja dictatorial nicaragüense, cuya persecución religiosa contra la iglesia se extremó tres meses antes del secuestro de Álvarez.
22 de agosto de 2022: Papa Francisco, llama al diálogo
El papa Francisco rompió su silencio sobre la persecución religiosa que enfrenta la iglesia católica en Nicaragua y llamó al régimen de Daniel Ortega a entablar un diálogo abierto y sincero. En su mensaje desde la Plaza de San Pedro en Roma, el papa expresó su preocupación por la situación en Nicaragua y su deseo de una convivencia respetuosa y pacífica. Aunque el pontífice no mencionó directamente la detención del obispo Rolando Álvarez y otros sacerdotes, su llamado fue interpretado como un mensaje a favor de la liberación de los religiosos detenidos.
El mensaje del papa generó diversas reacciones. Algunos consideraron que fue un paso importante que el líder religioso se pronunciara sobre la situación en Nicaragua y que haya instado al diálogo. Sin embargo, otros expresaron preocupación porque el llamado al diálogo no es suficiente para detener la persecución religiosa, y demandaron acciones más contundentes por parte del líder religioso.
15 de septiembre de 2022: Parlamento Europeo exige su liberación
El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que demandó la liberación inmediata del obispo nicaragüense Rolando Álvarez y otras víctimas de detención arbitraria en Nicaragua. Con una amplia mayoría de votos a favor, la Eurocámara instó al régimen de Nicaragua a respetar los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, de religión y de creencias. La resolución denunciaba el deterioro de la situación en el país y la escalada de represión contra la iglesia católica, la oposición, la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, campesinos, estudiantes y pueblos indígenas. Además, se criticaba la falta de independencia del sistema judicial nicaragüense y su uso para criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Algunos eurodiputados manifestaron entonces su preocupación por la situación en Nicaragua e instaron a la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. La administración sandinista no respondió a la resolución del Parlamento Europeo, pero en un discurso previo, la vicepresidenta Murillo expresó la oposición del país a la «injerencia extranjera».
15 de septiembre de 2022: confirman pláticas entre el Vaticano y Ortega
El Papa Francisco anunció el jueves 15 de septiembre del año 2022 que el Vaticano “mantiene un diálogo con el gobierno de Nicaragua”, en medio de las medidas tomadas por el Ejecutivo del país centroamericano contra la iglesia católica. El pontífice expresó su desconcierto por la expulsión del Nuncio Apostólico y el cierre de la sede de las Misioneras de la Caridad en Nicaragua, así como el arresto domiciliario del obispo Rolando Álvarez.
Sin embargo, el Vaticano aseguró que no tiene la intención de romper relaciones ni contacto con el mandatario nicaragüense. Francisco hizo un llamado para que al menos las Misioneras de la Caridad puedan regresar al país, destacando su labor y carácter pacífico. El Vaticano ha sido cauteloso en sus reacciones públicas y ha manifestado su preocupación por las medidas represivas, pero ha evitado confrontaciones directas con el régimen sandinista. Tras la expulsión del nuncio apostólico, el Vaticano no ha nombrado a un nuevo representante en Nicaragua.
13 de diciembre de 2022: Dictadura presenta a obispo Álvarez
El régimen de Daniel Ortega y su esposa Murillo oficializó la detención ilegal del obispo Rolando Álvarez, quien es una voz crítica dentro de la jerarquía católica en Nicaragua. Álvarez llevaba entonces más de 100 días incomunicado y bajo estricta custodia de la Policía Nacional en un lugar desconocido. Se le acusó de conspiración y propagación de noticias falsas, y se le impuso arresto domiciliario.
Al religioso le fue asignado un defensor público y su primera audiencia fue programada para enero de 2023. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) exigió su liberación e hizo un llamado a la comunidad internacional para que se pronunciara en contra de la persecución contra la iglesia católica en Nicaragua. Además, se giró una orden de captura contra el sacerdote Uriel Vallejos, quien se encuentra exiliado en Costa Rica, quien también estaría supuestamente involucrado en el caso.
Se reportó en dicho mes que otros periodistas y colaboradores de la Diócesis de Matagalpa también fueron detenidos. En total, hasta esta fecha, 15 miembros de la iglesia católica estaban bajo investigación por parte de la Policía Nacional de Nicaragua.
08 de enero de 2023: «Oración permanente» por el Obispo
Miembros de la Diócesis de Matagalpa encabezaron una “jornada de oración permanente” por el obispo Álvarez Lagos, quien enfrentaba entonces el inicio de un juicio encabezado desde el sistema judicial de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua. El religioso católico fue acusado de conspiración y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
Las y los fieles rezaron por su bienestar espiritual, físico y mental, y al cierre de este texto siguen exigiendo su pronta liberación. La situación del obispo y otros líderes religiosos encarcelados genera angustia entre la comunidad. Álvarez ha sido víctima de represión por parte del régimen de Daniel Ortega debido a sus críticas a los abusos en derechos humanos y el irrespeto a las leyes del país centroamericano.
En las comunidades del norte de Nicaragua, fue sorprendente descubrir que exseminaristas de la Diócesis de Matagalpa se unieron a la guerra que el régimen Ortega-Murillo está llevando a cabo contra el obispo de la ciudad, monseñor Álvarez. Uno de ellos, identificado con las iniciales O.M.C., fue señalado como un policía encubierto que habría tenido la misión de vigilar constantemente al obispo antes de su secuestro. O.M.C., que anteriormente era músico y delegado de la palabra de Dios, habría mostrado devoción a la iglesia y al obispo antes de involucrarse en estas acciones.
Según las fuentes, O.M.C. ingresó al seminario para estudiar para convertirse en sacerdote, pero se retiró sin completar sus estudios. Posteriormente, se convirtió en oficial de policía y aparentemente fue utilizado para espiar a monseñor Álvarez. O.M.C. se habría mantenido cerca de la residencia del obispo y lo seguía en sus actividades pastorales, siempre acompañado de otras personas, quienes también fueron identificadas como miembros de la Policía y exseminaristas.
Los miembros de la comunidad católica expresaron entonces su sorpresa y decepción por la participación de estos exseminaristas en la persecución contra el obispo. Consideran que traicionaron a la iglesia y al religioso al convertirse en cómplices de la represión del régimen de Ortega y Murillo. Algunos feligreses señalaron que estos individuos son “seminaristas frustrados” que no lograron completar su formación religiosa y decidieron unirse al sandinismo.
Además, se reveló que otro exseminarista, identificado como E.F.P.M., que había cursado teología y estaba cerca de convertirse en sacerdote, también se unió a los perseguidores de monseñor Álvarez. E.F.P.M. fue expulsado del seminario por razones que no se han dado a conocer públicamente, y luego se desempeñó como salmista en la catedral de Matagalpa. Las y los feligreses expresaron su sorpresa y desconcierto por la participación de este exseminarista en acciones en contra del obispo.
Estos eventos generaron gran consternación entre la comunidad católica de Matagalpa. El juicio contra monseñor Álvarez ya era criticado por expertos legales, quienes consideraron las acciones injustas e ilegales.
09 de febrero de 2023: el Obispo se queda en su país
Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron la liberación de 222 nicaragüenses que habían estado detenidos en las principales cárceles del país desde 2018 y 2021 por motivos políticos. Estas personas fueron trasladadas al Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino y posteriormente enviadas en un avión hacia el aeropuerto de Dulles, cerca de la capital de los Estados Unidos.
Los medios de comunicación oficialistas transmitieron dos actos estatales grabados en horas tempranas. En el primero, el juez y magistrado Octavio Rothschuh anunciando desde el Complejo Judicial de Managua «el destierro» de los reos políticos, justificándola en base a diversos artículos de la Constitución Política y leyes nicaragüenses. En el segundo acto, el diputado oficialista Gustavo Porras encabezando la reanudación de una sesión legislativa en la Asamblea Nacional, donde se aprobó la reforma del Artículo 21 de la Constitución Política para permitir la pérdida de la nacionalidad a los «traidores a la patria».
En una comparecencia la noche del jueves 09 de febrero de 2023, el mandatario nicaragüense brindó detalles sobre la operación de liberación y destierro de presos políticos en Nicaragua, ejecutada en horas de la madrugada y mañana de dicho día. Según Ortega, la copresidenta Murillo contactó a la embajada de Estados Unidos en Managua para solicitar el traslado de un grupo de 228 presos políticos, de los cuales 222 aceptaron ser transportados a Washington. Dos personas se negaron al destierro y cuatro fueron rechazadas por el Gobierno estadounidense antes del traslado.
Ortega aclaró que el obispo Rolando Álvarez, uno de estos 228 presos políticos, rechazó la deportación y fue trasladado al Sistema Penitenciario “La Modelo” en Tipitapa. También mencionó que el Gobierno estadounidense no dio razones para el rechazo de las cuatro personas adicionales y especuló que dos de ellas tenían antecedentes penales.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua señaló entonces que habían 38 personas detenidas por razones políticas en el país centroamericano. Además, la radicalización del régimen de Ortega y Murillo llevó a la modificación acelerada del Artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, permitiendo la pérdida de la nacionalidad para aquellos considerados «traidores a la patria».
Tras la negativa de monseñor Rolando Álvarez de aceptar el destierro impuesto por el régimen Ortega-Murillo, se anunció el 10 de febrero de 2023 una condena de 26 años y cuatro meses contra el obispo. El juez Octavio Rothschuh, desde el Complejo Judicial de Managua, declaró al religioso culpable de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones y desobediencia o desacato a la autoridad.
Además, Álvarez fue desnacionalizado en virtud de la reforma ilegal del Artículo 21 de la Constitución Política, aprobada en tiempo récord por la Asamblea Nacional horas antes. Ortega, en una intervención, llamó al obispo «desquiciado», «energúmeno» y «soberbio», expresando su ira por la negativa de Álvarez a acatar la decisión del sandinismo.
El juicio del obispo estaba programado para el 15 de febrero, pero lo adelantaron.
Según el magistrado Rothschuh, Álvarez permanecerá en prisión hasta el 13 de abril de 2049, sin la posibilidad de que el cómputo de su condena pueda ser reformado en caso de error o nuevas circunstancias.
04 de julio de 2023: el Obispo se resiste al destierro
Según fuentes diplomáticas y eclesiales, consultadas por varios medios de comunicación independientes de Nicaragua, un supuesto segundo intento del régimen de Ortega-Murillo para desterrar al obispo Rolando Álvarez fracasó. El Vaticano habría enviado a un representante de su Secretaría de Relaciones Exteriores para mediar con el régimen y tratar de persuadir a Álvarez para que aceptara viajar a Roma, según detallan medios internacionales.
Álvarez supuestamente afirma que sólo abandonará Nicaragua si el papa Francisco se lo ordena expresamente y que acepta su libertad, a la que tiene derecho, pero solo si es un país. El Cardenal Leopoldo Brenes calificó de especulación las noticias sobre una posible liberación y el gobierno optó por el silencio total.
Por: Voces Unidas.
