Bajo asedio policial y con «informantes infiltrados» entre la feligresía católica, dieron inicio este sábado, ocho de julio, las fiestas patronales dedicadas a Santa Ana, en el municipio de Niquinohomo, en el departamento de Masaya, donde este año, al igual que en el resto de Nicaragua; no se podrán realizar procesiones porque la dictadura las ha prohibido.
El sacerdote exiliado Edwing Román, quien fue párroco de la iglesia San Miguel Arcángel, de Masaya, anunció, a través de su cuenta personal de Twitter, que las fiestas patronales de su pueblo, Niquinohomo, dedicadas a Santa Ana, iniciaron este sábado con la «bajada» de la imagen, pero dicha actividad religiosa se dio bajo el asedio de la Policía al servicio del régimen Ortega-Murillo y bajo vigilancia encubierta.
«En este instante, bajada de la imagen Santa Ana, patrona de mi pueblo Niquinohomo. Que la abuelita de Dios alcance las bendiciones de Jesucristo para los pueblos y ciudades que en este mes le celebramos», escribió el sacerdote.
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Asimismo, denuncia que, como en todas las celebraciones religiosas de la Iglesia católica, «se han prohibido procesiones». Y que entre los feligreses que asisten a la bajada de la imagen «hay infiltrados en el templo», los que se ocupan de espiar a los sacerdotes y a los feligreses.
Las fiestas patronales en honor a Santa Ana se celebran en varios municipios del país. En Niquinohomo, el día principal es el 26 de julio y concluyen el primer fin de semana de agosto, pero la bajada del altar de la imagen de la «abuela terrenal» de Jesús es el 8 de julio.
A estas celebraciones asisten visitantes y promesantes de todo el país, sobre todo para participar de las procesiones, las que este año no podrán realizarse por la prohibición del régimen Ortega-Murillo que mantiene una guerra sistemática contra la Iglesia católica de Nicaragua.
La abogada Martha Molina, investigadora que ha sistematizado la represión contra la institución religiosa en su estudio «Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?», detalla que, desde el 2018 hasta marzo del presente año, el régimen ha ejecutado al menos 529 ataques contra la Iglesia católica, que incluyen asedios, difamación, agresiones físicas y criminalización contra sacerdotes.
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Actualmente, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene privado de libertad al obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, Rolando Álvarez. Además, dos párrocos están en una especie de arresto domiciliario bajo investigación policial y tres más en la cárcel acusados de delitos comunes de dudosa veracidad. También han obligado al exilio a 37 religiosos, incluido el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y cerca de 40 hermanas religiosas de diversas congregaciones han sido expulsadas del país.