El dictador Daniel Ortega ordenó a sus diputados en la Asamblea Nacional reformar el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua para acabar de someter a la Policía Nacional a sus desmanes totalitarios y enterrar de una vez la institucionalidad que, al menos en papel, quedaba de esa institución señalada de ser causante de asesinatos, desapariciones y torturas contra el pueblo de Nicaragua.
Según una iniciativa enviada a la Asamblea Nacional por el diputado colaboracionista Mario José Asensio Flores, el día de mañana miércoles, cinco de julio, a las nueve de la mañana, queda convocado el plenario de la Asamblea Nacional para una sesión ordinaria en la que se debatirá la reforma al artículo 97 de la Carta Magna y la reforma a la «Ley 872, de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional (872)».
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Con estas reformas, queda consumada la desaparición, ya en forma de Ley, de la Policía Nacional, para instaurarse oficialmente la Policía orteguista, pues elimina de la legislación el principio de una «institución profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante», aunque de eso ya solo quedaba el texto en la Ley.
El artículo 97 de la Constitución Política, vigente establece que la «Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante…» y se regirá «en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia».
Cuadra, directora e investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), señala que se está «institucionalizando del Estado policial». Y ese fenómeno tiene dos vertientes. La primera es «un cambio en el marco jurídico del país, en función de legalizar una serie de medidas, de políticas de seguridad, de naturaleza represiva y de vigilancia sobre toda la sociedad nicaragüense».
La segunda vertiente, indica la especialista, tiene que ver con una modificación o reconfiguración de las instituciones estatales para que respondan a ese marco jurídico que legaliza la represión.
El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), oficializó la cancelación de la personalidad jurídica de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo. Esta acción represiva de la dictadura se efectúa dos días después, que la Policía Nacional irrumpiera en la propiedad de la congregación religiosa.
A través del acuerdo ministerial 91-2023-OSFL, publicado en La Gaceta, Gobernación canceló y confiscó los bienes de la Fundación, argumentando que la entidad religiosa «incumplió con sus obligaciones» conforme a la legislación nicaragüense, por no «reportar» sus últimos estados financieros y tener la junta directiva «vencida» desde el 25 de febrero de 2021.
La institución estatal también informó que los bienes muebles e inmuebles le corresponderá a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua.
Las monjas, que dirigían la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, fueron expulsadas de Nicaragua con destino a El Salvador. Las religiosas radicaban en León y su misión era brindar alimento, ropa y oraciones a las personas que viven en las calles de este departamento.
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El Departamento de Policía de Memphis, Tennessee, solicita información sobre el paradero de los responsables del asesinato del nicaragüense Luis Antonio González Dávila, originario de Río San Juan. El ciudadano murió tras ser víctima de un asalto en el interior del apartamento donde vivía. La Policía divulgó un video donde se observan a los cuatro implicados en el crimen con pasamontañas.
En el acto, también resultaron heridos otros dos hombres, entre ellos el primo del fallecido; identificado como José González. Los afectados fueron trasladados a un hospital de la localidad.
