El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), oficializó este martes, cuatro de julio, la cancelación de la personalidad jurídica de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo. Esta acción represiva de la dictadura se efectúa dos días después, que la Policía Nacional irrumpiera en la propiedad de la congregación religiosa.
A través del acuerdo ministerial 91-2023-OSFL, publicado en La Gaceta, Gobernación canceló y confiscó los bienes de la Fundación, argumentando que la entidad religiosa «incumplió con sus obligaciones» conforme a la legislación nicaragüense, por no «reportar» sus últimos estados financieros y tener la junta directiva «vencida» desde el 25 de febrero de 2021.
La institución estatal también informó que los bienes muebles e inmuebles le corresponderá a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua.
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Dicho decreto fue suscrito por la ministra del Migob el pasado 30 de junio, pero hasta este martes se hizo oficial, según consta en el Diario Oficial del Estado.
La divulgación de este acuerdo se da dos días después que, la abogada Martha Patricia Molina denunciara que la Policía Nacional asaltó la casa de las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, en León, quienes fueron forzadas a abandonar el país.
De acuerdo con Molina, los agentes policiales «entraron como delincuentes» a la propiedad, ya que el «operativo» lo realizaron durante la medianoche del domingo, un patrón del régimen utilizado para tomarse inmuebles o sacar a la fuerza a opositores o religiosos.
Las monjas, que dirigían la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, arribaron ayer lunes a El Salvador, tras ser expulsadas y confiscadas por el régimen de Nicaragua.
Las religiosas radicaban en León y su misión era brindar alimento, ropa y oraciones a las personas que viven en las calles de este departamento.
Las devotas, de nacionalidad brasileña, este 2023 cumplieron siete años de estar brindando ayuda en Nicaragua, especialmente en el departamento de León, donde radicaban. Forman parte de la Fraternidad Franciscana, fundada en Brasil por el sacerdote Gilson Sobreiro.
En julio de 2022, hace un año, el gobierno dictatorial de Daniel Ortega ordenó la salida de 18 monjas Misioneras de la Orden Madre Teresa de Calcuta. Las religiosas administraban el Hogar Inmaculado Corazón de María.
Las expulsiones continuaron. Hasta la fecha se contabilizan más de 80 religiosos, entre monjas y sacerdotes, expulsados por el gobierno, que además mantiene en prisión a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa. De acuerdo con una investigación realizada por el medio Providence, a finales de 2022 se reportaron 400 actos violentos contra la Iglesia.