La persecución en contra de la Iglesia católica de Nicaragua, por parte de la dictadura de Daniel Ortega, se ha recrudecido en los últimos cinco años. En 2022 y finales del primer semestre de este año, la institución religiosa ha sido objeto de un ataque económico por parte de la pareja presidencial.
El accionar del régimen en contra de la Iglesia, además de detenciones de sus sacerdotes, van desde confiscaciones a universidades, escuelas, cierre de medios de comunicación, asilos de ancianos; así como acusaciones de lavado de dinero y congelamiento de cuentas de las ocho Diócesis del país.
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En 2022 inició la ola represiva en contra de medios de comunicación de la Iglesia católica; en los primeros días de agosto de ese año, el régimen orteguista clausuró en bloque 10 emisoras que pertenecían a la Diócesis de Matagalpa, dirigida por monseñor Rolando Álvarez, actual preso político.
Las emisoras ligadas al catolicismo cerradas, por órdenes del dictador Daniel Ortega, fueron Radio Hermanos, Radio Santa Lucía, de ciudad Darío; Radio Católica, de Sébaco; Radio Nuestra Señora de Lourdes, de La Dalia; Radio Nuestra Señora de Fátima, de Rancho Grande; Radio San José, de Matiguás; Radio Monte Carmelo, de Río Blanco; Radio Alliens, de San Dionisio; Radio Esquipulas y Radio Católica, de Waslala.
A través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), la administración orteguista ordenó el cierre de estos medios de comunicación aduciendo que estaban operando de forma ilegal, o simplemente le inventaba algún delito.
Para la abogada y experta en temas religiosos Martha Patricia Molina, el objetivo de Ortega es poner fin al proyecto de evangelización que tiene la iglesia. «Esperaban que las celebraciones eucarísticas finalizaran pero no fue así. La iglesia siempre encontrará nuevos mecanismos para evangelizar», afirmó a Artículo 66.
Cierre de universidades católicas e instituciones caritativas
Luego del cierre de medios de comunicación, la dictadura continuó su avanzada contra universidades católicas, albergues y asilos de ancianos, bajo la justificación de que estaban acéfalos o que no cumplían con los requisitos para laborar.
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Entre el 13 de diciembre de 2021 y el 18 de mayo, de 2023, la juventud nicaragüense ha perdido alrededor de 30 opciones para elegir centros de estudios superiores, debido a la cancelación de las casas de estudios.
Del total de universidades cerradas por el Ministerio de Gobernación (Migob), hay universidades católicas, entre las que están la Universidad Juan Pablo II, Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) y Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse).
Además pasó la guillotina a la Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí, Cáritas Diocesana de Estelí, Familia Padre Fabretto, Asociación Comisión de Justicia de la Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí.
No contenta con esto, la dictadura continúo su ataque contra las órdenes de monjas que estaban en el país. En julio de 2022 expulsó a la hermanas de la caridad de la orden de Madre Teresa de Calculta. También expulsó y confiscó bienes —en 2013— de las Hermanas Trapenses y de la Congregación Hermanas Dominicas de la Anunciata.
Acusación de lavado de dinero
El ahogo económico en contra de la autoridad religiosa continuó en mayo de este año, cuando la Policía orteguista imputó el delito de lavado de dinero a la Iglesia católica de Nicaragua para justificar el congelamiento de cuentas a las ocho diócesis del país.
Sumado a esto, el régimen ordenó a entidades bancarias nicaragüenses congelar cuentas personales de varios sacerdotes de diferentes diócesis del país, así lo informó la abogada Martha Patricia Molina, a través de su cuenta de Twitter.
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La jurista dijo que los afectados pertenecen a las Diócesis de Granada, Estelí, Jinotega y León; y que esta medida podría implementarse en las próximas horas contra más sacerdotes y laicos que colaboran directamente con las parroquias.
Un sacerdote, exiliado en Estados Unidos, expresó que pese a las acusaciones en contra de la Iglesia católica, la justicia orteguista no ha dado pruebas del supuesto delito.
«El régimen ha acusado pero no ha demostrado la veracidad de sus investigaciones. Desde allí nos damos cuentas que Ortega acusa, denuncia y sentencia pero no da evidencia, por lo tanto eso no es justicia, afirmó.
Agregó, además, que se está ante una dictadura que «no le importa hacer lo que sea en contra de la Iglesia. Tiene a sus títeres y lo que hacen es el ridículo que más bien ofenden a la razón humana».
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«A como lo dijo el papa, esas actitudes son ridículas porque acusa de delitos graves y no tienen ninguna prueba, así que en este país nadie está seguro porque existe justicia solo para una familia —Ortega y Murillo—, subrayó.
Luego de la acusación en contra de la Iglesia, la dictadura ha mantenido en las últimas semanas silencio sobre el tema, sin embargo sigue la represión asedio en contra templos religiosos y expulsión de religiosos y religiosas.