Empresas vinculadas a Piero Coen informaron que siguen operando con normalidad

Este, viernes 23 de junio, se informó sobre la confiscación de los bienes del empresario Piero Coen y una acusación en su contra, de la que aún se desconoce el delito. Hasta ahora, esta acción de la Policía y la Fiscalía no ha escalado a las empresas del Grupo Coen.

El grupo AirPak emitió un comunicado en el que asegura estar trabajando de forma regular, pese al embargo realizado al Presidente y Ceo de dicha empresa. Las acusaciones contra Coen, expresa el comunicado, «no tienen ninguna incidencia sobre AirPak Nicaragua, ya que ninguno de los activos o servicios de AirPak han sido afectados policial ni judicialmente».

En el escrito aclaran que continúan las operaciones en sus más de 500 puntos, incluyendo los comercios aliados como Walmart, AMPM, Financiera Fama y Ficohsa.

Empresarios preocupados por confiscaciones

Para el economista y también empresario Juan Sebastián Chamorro, las acciones de la dictadura de Ortega no solo obedecen a la participación de Coen en el 2018 en las protestas cívicas. «También es parte del absolutismo que pretende establecer el gobierno en el país», valora.

«El sector privado es el principal empleador de la economía nicaragüense, más del 85% de la economía la mueve el sector privado(…) El sector privado al ser el principal empleador tiene poder económico y Ortega quiere eliminar cualquier tipo de sombra de poder que lo amenace».

Chamorro no descarta que puedan darse otras acciones a otros empresarios, lo que se va a traducir en desempleo y más pobreza para el país.

En el mes de mayo, el propagandista William Grigsby amenazó a los empresarios más grandes del país, a quienes acusó de lavadores de dinero y de estar detrás de acciones contra el gobierno.

En el mes de agosto de 2022 el régimen de Ortega embargó los bienes del empresario Mario Hurtado, acusado de lavado de dinero, dueño de la casa de empeños Prisa, las joyas y otros bienes propiedad de los clientes hasta la fecha no fueron devueltas.

Las últimas confiscaciones que ejecutó el gobierno fueron contra los ciudadanos nicaragüenses, a los que el Poder Judicial, controlado por Ortega, les arrebató la nacionalidad y les decretó el decomiso de sus bienes.