Tras la ola de detenciones arbitrarias que ha ejecutado la Policía Nacional desde abril pasado, el Mecanismo para el Reconocimiento de personas Presas Políticas en Nicaragua denunció que los nuevos reos de conciencia del régimen de Daniel Ortega, además de ser sometidos a «desaparición forzada» después de su arresto, son expuestos a malos tratos, golpizas, torturas, mala alimentación e incluso las autoridades penitenciarias les niegan el acceso a medicamentos a personas con enfermedades crónicas y de la tercera edad.
Al menos 28 nicaragüenses fueron los detenidos arbitrariamente entre abril y junio de 2023, «durante la escalada represiva por las celebraciones religiosas de Semana Santa, la conmemoración del 5to aniversario de la Rebelión de abril 2018 y las detenciones masivas a opositores y personas activistas políticas que aún permanecían en el país y que estaban organizadas en algún espacio social o político», detalló el organismo.
Señaló que «un patrón» que ha mantenido la dictadura orteguista durante los últimos arrestos es la falta de información a las familias de las personas detenidas.
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«Además de apresarlas de manera arbitraria, la Policía Nacional no informa sobre su paradero, lo que genera preocupación y angustia en las familias, quienes comienzan un recorrido por las delegaciones policiales en busca de respuestas. Las autoridades se niegan deliberadamente a proporcionar el mínimo de información, dejando a las familias en la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos», subrayó.
El Mecanismo también denunció que «la gran mayoría de las personas detenidas han pasado semanas, incluso meses, en lo que se denomina «desaparición forzada por ocultamiento de su paradero». Durante este tiempo de desaparición, se vulneran los derechos de estas personas y su salud se deteriora debido a la falta de alimentos. Además, no se garantiza el acceso a medicamentos, incluso para enfermos crónicos y personas de la tercera edad».
«Se han recibido denuncias donde los familiares, cuando después de semanas logran ver a la persona detenida, confirman su deterioro físico y emocional. Incluso hay informes de malos tratos, golpizas y torturas mientras están bajo la custodia del Estado», agregó.
En el caso de la opositora Olesia Muñoz Pavón, sus familiares lograron constatar el deterioro físico que la rea política presenta. Ana Margarita Vijil detalló que luego del traslado al penal de mujeres, las condiciones para Muñoz han mejorado. «Llegó enferma, delgada y muy desmejorada. En la Esperanza ha recibido atención médica», indicó.
Subrayó, además, que la también feligrés católica ha tenido acceso a paquetería, sábanas y medicinas de parte de su familia, derechos que, según una de sus familiares, les habían sido negado en la estación del Distrito Tres de la Policía.
Por otra parte, los familiares del preso político Jasson Noel Salazar, tras más de 70 días de desaparición forzada, lograron ver al joven opositor, quien permanece recluido en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como «La Modelo».
Los parientes de Salazar demandaron a las autoridades judiciales que se le garantice al reo de conciencia los tratamientos y medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos.
El más reciente informe del organismo detalla que al menos a 64 prisioneros políticos, de los cuales, 10 son mujeres y 54 hombres, permanecen encarcelados en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional. En la lista se suman 10 opositores detenidos, previo a la rebelión cívica iniciada el 18 de abril del 2018, cuando la dictadura de Nicaragua arremetió contra el pueblo nicaragüense.
En cuanto a la persecución religiosa, el Mecanismo registró la captura de cuatro sacerdotes y al menos 16 personas pertenecientes a la feligresía, incluyendo trabajadores de ONG católicas. De esta manera, según el informe, la administración Ortega y Murillo continúa «el patrón represivo de detenciones arbitrarias para la criminalización de la libertad de culto».
