Previo a la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse entre el 21 y el 23 de junio, un grupo de 54 nicaragüenses, de los 317 que han sido declarados apátridas por el régimen sandinista difundió una carta abierta en la que rechazan los intentos del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, que pretende suavizar una resolución presentada por otros cinco países que integran el Grupo de Seguimiento sobre la crisis de Nicaragua, contra la dictadura de Daniel Ortega.
Denuncian que las propuestas presentadas por el gobierno brasileño «pretenden poner en duda la brutalidad sin precedente aplicada por la dictadura de Ortega y Murillo contra miles de ciudadanos; —además— ofenden a familiares de los asesinados y a todas las víctimas de la represión del Estado totalitario de Ortega y Murillo».
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También llamaron a los países representados en la OEA «a ser consecuentes con las declaraciones emitidas en Asambleas anteriores; a respetar las investigaciones realizadas por organismos de expertos del sistema interamericano (GREN y MESENI), de la CIDH y del sistema universal de DDHH (la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de las Naciones Unidas y el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas para Nicaragua, GREHN)».
Por otra parte, los suscribientes de la carta demandaron a las delegaciones de la OEA declarar ilegitimo al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya que afirman que el «triunfo presidencial» es el «resultado de una mascarada electoral en 2021».
El periodista Camilo de Castro Belli, hijo de madre nicaragüense y padre brasileño, declarado apátrida por el régimen de Daniel Ortega, envió una carta a la Embajada de Brasil en Costa Rica para rechazar el apoyo que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha dado a Ortega ante la Organización de Estados Americanos (OEA) previo a la 53 Asamblea General, donde se abordará el tema de Nicaragua.
A través de la misiva, dirigida al embajador de Brasil en en el país vecino del sur, Antonio Alves Junior, el hijo de la poetisa Gioconda Belli —declarada igualmente apátrida— protestó contra la propuesta de resolución presentada al Consejo Permanente de la OEA por el Gobierno de Brasil, que califica como «supuesta» la confiscación de sus bienes y la de 300 nicaragüenses desterrados.
Recordó que al igual que a la escritora nicaragüense, el gobierno de Ortega lo incluyó en la reciente medida «que revocó la nacionalidad de 94 ciudadanos de ese país, lo que también implicó la confiscación de mi casa, violando así mis derechos humanos como ciudadano nicaragüense y como ciudadano brasileño».
En Nicaragua han incrementado las enfermedades respiratorias con el inicio de la temporada lluviosa, así lo confirman expertos independientes.
El Ministerio de Salud (Minsa), por su parte, brindó el informe semanal sobre el COVID-19, enfermedad que aún persiste en nuestro país. Según el reporte oficial, esta semana se contabilizan 54 casos positivos.
El epidemiólogo Leonel Argüello, considera que podrían existir más casos en el país, que no se contabilizan por la falta de alcance de la prueba, aunque la epidemia ha desaparecido, la transmisión de casos se mantiene, por relajar las medidas de aislamiento, confirma Argüello.