En víspera de la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse del 21 al 23 de junio en Washington D.C., la delegación de Brasil salió en defensa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En la nota de la Misión Permanente de Brasil, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó sus «observaciones» sobre el proyecto de resolución de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, presentado por las delegaciones de Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica y Estados Unidos, donde se demanda a Ortega detener la represión.
Noticia relacionada: OEA abordará tema de Nicaragua sin calificar a Ortega como dictador
En el escrito de la propuesta de resolución, compartido en redes sociales por el exembajador de Nicaragua ante el organismo continental, Arturo McFields, el gobierno brasileño tachó las demandas que se le hacen a la administración orteguista.
Entre los señalamientos que omite Brasil y que demanda que se quiten en la resolución final, es donde se afirme que la dictadura de Ortega es represiva y que ha encarcelado de forma arbitraria a opositores.
Asimismo, el Gobierno brasileño desmintió que la represión orquestada por el régimen de Ortega haya ocasionado el exilio forzado de miles de nicaragüenses, por lo que la delegación del país sudamericano eliminó los señalamientos en la resolución que afirman que las delegaciones están «conscientes de que el empeoramiento de las condiciones —en Nicaragua— ha provocado que cientos de miles de nicaragüenses hayan abandonado el país desde el 2018».
Las dos resoluciones asumidas por la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), en las que se critica la violación a los derechos laborales, sindicales y empresariales por parte de la dictadura Ortega-Murillo y exigen la restitución de las cámaras empresariales y sindicatos ilegalizados, constituyen una «contundente derrota» contra un régimen oprobioso que viola los derechos humanos, opinaron analistas, empresarios y defensores de los derechos de los trabajadores nicaragüenses.
Noticia relacionada: “Queremos pruebas de que el obispo Álvarez está vivo”, dice el Parlamento Europeo
Para el economista, dirigente opositor y exreo político, Juan Sebastián Chamorro, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sufrió una «contundente derrota» a nivel internacional porque la CIT, en la que participan representaciones tripartitas de todo el mundo «desconoce la presencia y el informe de la delegación de Ortega» y retoma denuncias que ya se habían hecho en las reuniones pasadas sobre los abusos en contra de los trabajadores, sindicatos y la patronal.
Tras la escalada represiva por parte del régimen de Nicaragua, 20 organizaciones que conforman la Coalición Nicaragua Lucha condenaron estas acciones que han ocasionado más detenciones de opositores, religiosos, defensores de derechos humanos y periodistas.
En cuanto al ejercicio periodístico y la libertad de expresión en el país, las organizaciones afirman que existen múltiples evidencias de que el oficio del periodismo y la comunicación son amenazados, hostigados y perseguidos judicialmente en los últimos años.
A través de una resolución, este jueves, 15 de junio, el Parlamento Europeo solicitó a la Unión Europea que amplíe las sanciones contra jueces y fiscales nicaragüenses e incluya también al dictador Daniel Ortega en esa lista negra. Asimismo, demandó a la administración sandinista una prueba de vida de monseñor Rolando Álvarez, quien acumula más de 300 días como prisionero del régimen de Nicaragua.
«Los eurodiputados lamentan la continua instrumentalización del sistema judicial y la complicidad de los jueces con el régimen. Piden por eso que la lista de sancionados por la Unión Europea se amplíe a jueces y fiscales, además de al propio presidente Ortega y su círculo más cercano», se lee en el documento emitido por la eurocámara.
El Parlamento Europeo también condenó una vez más las violaciones sistemáticas y deliberadas de los derechos humanos en Nicaragua, que constituyen crímenes contra la humanidad. «Las violaciones de los derechos humanos y los abusos perpetrados desde abril de 2018 en Nicaragua no son un fenómeno aislado, sino que buscan desmantelar la separación de poderes y las garantías democráticas y concentrar todo el poder en las figuras del presidente y la vicepresidenta del país», señaló.