El 56 % de nicaragüenses considera que Daniel Ortega lleva al país por un mal rumbo, según revela el más reciente estudio de la firma encuestadora costarricense Cid Gallup, que además da a conocer que la simpatía por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha caído al abismo, pues solo 16 por ciento de la población dice aceptarlo como opción política.
La encuesta de Cid Gallup, publicada este fin de semana por la revista digital Confidencial, revela que la gestión presidencial de Ortega sigue siendo desaprobada por tercer año consecutivo. Además, saca a la luz una verdad que debe incomodar en gran manera a la dictadura Ortega-Murillo: el porcentaje de simpatizantes del FSLN es cada vez menor.
Al cierre de 2022, el 58 % de la población nicaragüense desaprobó la gestión del dictador Ortega, y en enero de este año fue el 57 % que opinó negativo de la administración de Ortega. El índice de aprobación que en enero de este año colocaba al dictador en 38 % lo deja actualmente en 34 % por ciento.
La conclusión de la encuestadora indica que 46 de cada cien nicaragüenses no cree «probable», que Ortega le resuelva la preocupación que tiene su familia; 17% respondió que es «poco probable»; 16 % muy probable; otro 15% cree que «algo». El dato revela que el 63 % cree que el dictador Ortega puede hacer «poco o nada» para resolver sus problemas, en tanto el 16 % cree que el tirano sandinista sí puede ayudarlo.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sumó su voz a la de otros periodistas nicaragüenses, organizaciones gremiales y defensores de derechos humanos para exigir a la dictadura de Daniel Ortega la liberación del comunicador y corresponsal de Canal 10 en Nandaime, Víctor Ticay, encarcelado injustamente desde hace más de dos meses.
Noticia relacionada: Organismo demanda a Ortega liberar al reportero Víctor Ticay y cesar la persecución contra los periodistas
A través de una nota de prensa publicada en su sitio web oficial, la SIP reitera la denuncia que el comunicador nicaragüense está encarcelado y fue declarado culpable de los supuestos delitos de «difusión de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional», luego de un proceso judicial «arbitrario y sin garantías judiciales, que se desarrolló en horas de la madrugada y sin derecho a la defensa».
El jueves 13 de junio de 2013, un día lluvioso, Managua amaneció agitada y sitiada por policías. Organizaciones de la sociedad civil habían convocado a marchar en protesta ante el edificio de la Asamblea Nacional para rechazar la discusión y aprobación de la «Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructuras y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas».
El trazado del canal tiene 278 kilómetros de longitud, 520 metros de ancho y hasta 30 metros de profundidad. La vía atravesaría 105 kilómetros del lago Cocibolca y debería estar listo, según lo anunciado en 2013 y ratificado en 2014, a fines de 2019, a un costo superior a 50.000 millones de dólares, más de cuatro veces el producto interno bruto (PIB) de este país de 6,5 millones de habitantes, de los que 40 por ciento viven en condición de pobreza.
HKND recibió la concesión de administración por 50 años, más otros 50 prorrogables, si así lo deseaba, a cambio de un pago de diez millones de dólares cada año durante la primera década, y el derecho al uno por ciento del patrimonio de los «subproyectos» que se elevaría hasta el 99 % al finalizar la concesión.