Representantes de la diáspora y el exilio nicaragüense en Estados Unidos saludaron la decisión del Gobierno de ese país de extender el estatus de protección a migrantes de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Nepal, conocido como TPS (por sus siglas en inglés), pero insistieron en que se necesita la aprobación de leyes que ofrezcan mayor seguridad a la permanencia de los migrantes.
Haydée Castillo, de la organización Nicaragüenses en el Mundo, dijo saludar con buen ánimo que la administración de Joe Biden haya extendido el beneficio de «Protección Temporal» para los nicaragüenses, salvadoreños, hondureños y nepalíes, que ya están inscritos en el TPS.
El programa conocido como TPS fue aprobado por primera vez para migrantes nicaragüenses en 1999 en el contexto del desastre provocado por el paso del huracán Mitch en 1998. Ya en 2021, unos 4250 nicaragüenses tenían el Estatus de Protección, de acuerdo con datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (Uscis). Desde la primera aprobación hasta hoy, las organizaciones de migrantes han mantenido un activismo de alto perfil parra conseguir cada extensión.
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Para Castillo, esta extensión del TPS «es una oportunidad para levantar la voz en el sentido de la necesidad de (tener) un TPS para los nicaragüenses que huyen de todas las aberraciones, de toda la persecución y de la crisis política que ha generado la dictadura Ortega Murillo y que ha provocado la migración de casi un 10% de la población económicamente activa de Nicaragua».
Por su parte, Manuel Prado, presidente de la Fundación Nicaragüense Americana, destacó que «la extensión del TPS para los nicaragüenses es una demostración de que la desestabilización del hemisferio es un punto focal para la administración Biden».
Prado señaló que haber conseguido que la administración estadounidense haya extendido el TPS «demuestra el poder cada vez mayor de cabildeo que tiene la diáspora nicaragüense».
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Agregó que, aparte de la extensión de TPS, hay tres prepuestas de leyes que están en una posición de prioridad para la diáspora, «para darle una solución más permanente» a la situación de los migrantes nicaragüenses.
Las propuestas por las que la diáspora está cabildeando son: «Ley dignidad», patrocinado por la republicana María Elvira Salazar y la demócrata Verónica Escobar. La «Ley bipartidista de soluciones fronterizas», promovida por el senador republicano de Texas, John Coryn y la senadora demócrata de Arizona, Kyrsten Sinema.
Ambas proponen la transición de TPS, «dreamers», asilo político y entradas irregulares, a procesos de residencia permanente y de allí, si cualifican, a ciudadanía EE.UU. La tercera propuesta es el «Plan Menéndez» impulsada por el senador por Nueva Jersey Bob Menéndez.
