En una entrevista publicada en el diario El País, de España, Jan-Michael Simon, el presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas, mencionó en tres ocasiones la palabra «contradicción» para referirse a los países y entidades financieras internacionales que miden el desempeño macroeconómico de la tiranía sandinista, al margen de los derechos humanos y de la vida de la gente.
Durante la intervención, el funcionario destacó las tres recomendaciones más relevantes del informe presentado en marzo de 2023 por la comisión que dirige, con relación a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y los señalamientos directos de que son criminales de lesa humanidad.
«La primera es que se inicien acciones legales contra los presuntos responsables de los crímenes. La segunda, que se amplíen las sanciones a estas personas y que sean individuales, no sectoriales. Y por último, que en la cooperación internacional al desarrollo y los proyectos de inversión (incluidos los préstamos internacionales) se incluyan garantías de respeto a los derechos humanos», resume el experto.
Jan-Michael Simon agrega que la última recomendación es la que más ha despertado inquietudes en los organismos financieros multilaterales. Critica una declaración reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que la entidad multilateral aplaude al régimen de Ortega por haber adoptado «medidas para mejorar los marcos de gobernanza y anticorrupción y, en particular, acogía con satisfacción las mejoras en el control de lavado de activos y la transparencia fiscal».
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El experto criticó dichas consideraciones, porque «nuestro informe dice que el marco legal del lavado de activos y la instrumentalización de la justicia han sido utilizados por el régimen para la persecución política de organizaciones civiles e individuos, por lo que concluimos que han sido parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población y computan como crímenes de lesa humanidad de persecución política».
50 países hipócritas
Como evidencias del doble estándar de la comunidad internacional para medir a Ortega, el especialista mencionó que hay 50 países que en las Naciones Unidas aprobaron la renovación del mandato de este Grupo de Expertos para seguir investigando los crímenes del sandinismo en Nicaragua. Estos países, mencionó, «representan más del 50% del poder de voto directo en el Directorio Ejecutivo del FMI. ¿Cómo es posible que por un lado aprueben esa opinión favorable (sobre las medidas económicas y de «transparencia» de Ortega) y por otro un informe como el nuestro que defiende lo contrario? Es una contradicción clara, obvia», dijo tajante.
«Algún diplomático europeo importante me explicó que esa contradicción se traslada también a las relaciones entre los ministerios de Asuntos Exteriores y Finanzas porque, en su caso, habló con Finanzas para que tuvieran en cuenta la situación de los derechos humanos en Nicaragua y le contestaron que eso no les interesaba. Solo les interesaba el desempeño macroeconómico», mencionó como ejemplo el experto.
Si Ortega es tan eficiente «¿Adónde va el dinero?»
«Puedo decir que la mayor recaudación neta sobre el PIB en América central la tiene Nicaragua de lejos. Es un 27%, según el informe de la OCDE de mayo. Sin embargo, todos los indicadores de derechos y desarrollo humano la sitúan en uno de los peores puestos de América Latina, junto a El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿Adónde va el dinero? Y aquí llegamos a la corrupción. La corrupción tiene una dimensión en el campo de los derechos humanos que se manifiesta no solo en defender el status quo político para poder robar más. Si hay un país en el que es evidente el desajuste entre recaudación y derechos humanos, es Nicaragua. Tenemos el mandato de ir a las raíces del conflicto y éstas no están solo en el simple desmantelamiento del sistema de separación de poderes, sino que hay un plan de negocios detrás. Detrás de una violación de derechos humanos de tal magnitud, hay un business plan. Siempre», dijo Simon.
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Otro de los puntos que le preguntó El País a Simon es si Daniel Ortega podría enfrentar la justicia internacional en algún momento, como pasó con los criminales del nazismo, con quienes en el mismo informe compara a la dictadura sandinista. «Lo dudo. Pero hay muchas vías para la justicia si se tienen voluntad y coherencia. Tenemos motivos razonables para concluir que el régimen está perpetrando crímenes de lesa humanidad de persecución política, lo que es considerado en el derecho penal internacional el “pequeño hermano” del genocidio», dijo, sin medias tintas.
Sobre las dudas que se han planteado de si los criminales del sandinismo podrían enfrentar la justicia internacional o no por que el país no ha ratificado el Estatuto de Roma, el experto dijo que «hay varias vías. Se olvida que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero sí la Convención de la ONU contra la Tortura y hemos detectado en nuestro informe torturas a varios niveles», zanjó.
Dejó planteado el desafío para «cualquier país firmante del tratado (que) puede, según el articulo 30, demandar por responsabilidad internacional a Nicaragua ante el Tribunal Internacional de Justicia y eso políticamente tiene un mensaje importantísimo».
Barajó los nombres de países que podrían asumir el desafío. Descartó a Estados Unidos por haber introducido «una reserva» contra el tratado. Sugirió que España, que sí podría, no lo haga para no darle un pretexto político a Ortega de «presentarse como víctima de los países del Norte» y valoró como «importante que fuese un país latinoamericano» quien pueda emprender una acción penal contra los tiranos nicaragüenses.