El control absoluto de los poderes del Estado que ejerce Daniel Ortega y Rosario Murillo ha llevado a la demolición del sistema democrático nicaragüense, aseguran expertos y así lo reflejan informes de organizaciones locales e internacionales.
El informe «Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explica que el proceso de concentración del poder en el Ejecutivo se intensificó en el año 2007 al asumir Daniel Ortega su segundo mandato, y se consolidó a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018.
El aumento de la corrupción y nepotismo en la dictadura ha generado acusaciones de enriquecimiento ilícito por parte de la familia Ortega-Murillo. La administración de la ayuda petrolera que entregó Venezuela permitió a la pareja dictatorial financiar y crear empresas.
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Antes de la crisis de 2018 el país ocupaba el puesto 151 entre 180 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, pero se hundió al puesto 167 en 2022, siendo junto a Venezuela, los gobiernos más corruptos de América Latina.
Perversión del sistema estatal
La experta en temas de anticorrupción, Martha Patria Molina, explicó a Artículo 66 que Ortega se ha dedicado a pervertir todo el sistema estatal para enriquecer ilícitamente a su familia y a todos los servidores públicos que le rodeen.
«Poco a poco, asociado a todos los poderes del Estado, fue creando leyes a su medida para perpetuarse en el poder y asi conseguir convertir su mandato en una dictadura dinástica», manifestó.
Molina señala que para lograr su objetivo, Ortega convirtió en cómplices a instituciones como la Contraloría General de la República (CGR) que es la encargada de velar y fiscalizar el erario público de los nicaragüenses.
«(La CGR) hoy día es una institución que no ve, no escucha y no habla respecto a los desfalcos» que se hacen bajo la administración de Ortega-Murillo tanto en las instituciones públicas como en las municipalidades», indicó.
«El acceso nulo a la información pública, que proyecta esa institución, es decadente y peligroso porque no hay nadie que controle su trabajo y el que ambicione con obtener información, inmediatamente le envían la visita de “cortesía” de la Policía sandinista», añadió.
El más corrupto de CA y el segundo de LA
Transparencia Internacional de España ubica a Nicaragua en el puesto 167 a nivel mundial en cuanto al índice de corrupción 2022. El país centroamericano es el segundo peor evaluado en América Latina, superado únicamente por su aliado Venezuela, que ocupa el puesto 177. A nivel centroamericano está en primer lugar.
Molina explica que los índices de Transparencia Internacional evidencian la decadencia que se vive en el país en temas de corrupción. «Estamos catalogados como uno de los tres países más corruptos de la región y a medida que pasa el tiempo esto empeora y las consecuencias que nos esperan a mediano y a largo plazo son nefastas», advierte.
Según el indicador de los países más corruptos, Nicaragua se ubica en el lugar 167, un puesto menos al ranking correspondiente a 2021, y con solo 19 puntos de 100 posibles. Pero, no descartan que este deterioro es alarmante desde 2012 cuando el país se empezó a posicionar en la lista roja.
El estudio «Situación de la transparencia municipal en Nicaragua» elaborado por el observatorio independiente Urnas Abiertas, explica que la corrupción en el país está en los niveles históricos más altos ante la escasa e insuficiente información disponible sobre las finanzas del gobierno central y municipal.
Afirman que en Nicaragua no existen «garantías para el control ciudadano y estatal», que regulen la corrupción y la transparencia en el sistema de gobernabilidad, acuerdos firmados en el Compromiso de Lima por los países del continente americano.
Los investigadores de Transparencia Internacional coinciden con Urnas Abiertas en que Ortega ha violado la mayoría de los acuerdos suscritos en el Compromiso de Lima, principalmente «la gobernabilidad democrática, la transparencia y financiamiento a la política, libertad de expresión y la autonomía e independencia judicial», posicionando de esta manera a Nicaragua como uno de los gobiernos más corruptos en el continente.