Familiares de la presa política Brenda Lee Baldelomar, originaria de Chinandega, denunciaron que la Policía al servicio del régimen de Nicaragua está burlándose de ellos porque no informa en qué estación policial está recluida.
En primera instancia, los familiares de la opositora conocían que estuvo encerrada en el Distrito III de la Policía, en Managua, y que después de un mes fue encarcelada en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como «El Nuevo Chipote».
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Sin embargo conocieron, de forma extraoficial, que desde hace varios días la ciudadana volvió a ser llevada al Distrito Tres, sin darle ninguna explicación.
«No sabemos nada de mi mamá, lo único que sabemos es que está muy mal de salud, sufriendo hemorragias —sin especificar qué tipo—, se pasa quejando mucho por las noches, y no recibe atención médica. Esto lo sabemos por otras personas», denunció Hants Ismael Baldelomar, hijo de la rea de conciencia.
Resaltó, además, que a pesar de que Lee Baldelomar ya no estaba detenida en la Dirección de Auxilio Judicial, los agentes policiales recibían la comida que los familiares le llevaban, «haciendo creer que mi mamá allí estaba».
«Sabemos que mi madre ha pasado varios días con la misma ropa y no se le entregan las cosas de aseo personal. Es lamentable que la Policía no nos quiera dar información de su situación actual, solo sabe decir que mi mamá se encuentra bien», reprochó el hijo de la secuestrada política.
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Brenda Lee Baldelomar fue detenida por la Policía, el 17 de abril, en una de las calles de la colonia Roberto González, en la ciudad del occidente de Nicaragua. Días después la justicia al servicio del régimen de Daniel Ortega presentó acusación en contra de la chinandegana. Según la información, publicada en el Sistema Nicarao, la causa, con número 007008-0RM4-2023-PN, está radicada desde el 24 de abril, en el Juzgado Cuarto Penal de Managua, a cargo de la jueza Ana María Vado Miranda.
A como ha sucedido con otros casos políticos, no se detalla el supuesto delito del que se le acusa a Baldelomar, solo se señala que la víctima es «la sociedad nicaragüense y el Estado de la República de Nicaragua».
