El dictador Daniel Ortega elevó la arremetida contra la Iglesia católica y este viernes ordenó congelar las cuentas bancarias de la institución religiosa en un intento por asfixiarla económicamente. La medida la inició a implementar desde el pasado sábado con algunas Diócesis y la Arquidiócesis de Managua.
Una fuente de la Iglesia católica confirmó que la orden se ha ejecutado contra iglesias, colegios, emisoras y hasta a la Conferencia Episcopal de Nicaragua. El Banco de Finanzas, La Fise-Bancentro y el Banco de la Producción han notificado que los fondos no se pueden mover.
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La maniobra de la dictadura tiene intenciones de provocar una paralización de las actividades normales de la institución religiosa, pues se verá imposibilitada de honrar sus compromisos económicos al ver interrumpido su funcionamiento administrativo.
Los religiosos aseguraron que confían en que las iglesias sobrevivan del apoyo de los fieles, porque siempre así se han sostenido bajo austeridad, pero lo que más preocupa es cómo se sostendrán los colegios católicos.
Esta misma semana, la dictadura orientó abrir proceso de investigación contra tres sacerdotes cercanos a monseñor Rolando Álvarez, a uno lo encarceló y a los otros los tiene bajo arresto domiciliario.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó la detención arbitraria del padre Jaime Montesinos, de 61 años. La organización señaló que la «investigación» policial para acusar al religioso por actos que menoscaban la soberanía del país «es parte de la persecución contra la Iglesia católica y la criminalización a sacerdotes».
«Condenamos la jornada represiva y persecución contra la población, en particular a sacerdotes, en un estado de excepción ejecutado por la Policía que violenta los derechos humanos, entre ellos la libertad religiosa», menciona la entidad a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
La Asociación Madres de Abril (Ama) denunció la profanación de la tumba de Gerald Vásquez, joven universitario asesinado el 14 de junio de 2018, durante el ataque ejecutado por paramilitares y policías en la iglesia Divina Misericordia, en Managua.
Según la denuncia, publicada en las redes sociales de Ama, el hecho sucedió el jueves, 25 de mayo, cuando familiares de Vásquez llegaron al cementerio a arreglar la tumba, debido a que este viernes Vásquez estaría cumpliendo 25 años pero se encontraron con la escena de la cruz manchada de pintura negra y el rectángulo de bloques de la tumba echa pedazos.
El próximo 13 de julio se cumplirán cinco años del ataque que ejecutó la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los universitarios que se encontraban atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), quienes tuvieron que refugiarse en la iglesia Divina Misericordia intentando escapar de las balas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica pidió a la Embajada de Daniel Ortega una explicación sobre el porqué las autoridades migratorias le negaron la entrada a suelo nicaragüense a 98 turistas ticos. Ante este reclamo, al régimen no le quedó de otra que rendir cuentas sobre esta situación reportada y denunciada el 24 de mayo.
De acuerdo con medios costarricenses, la respuesta de la sede diplomática orteguista fue que los ciudadanos ticos, que en su mayoría pertenecen al Club de Leones de ese país, iban a reunirse con una ONG ilegal.
De «pandilla de delincuentes», así calificó el propagandista orteguista William Grigsby a los empresarios nicaragüenses que aún quedan en el país. El agente pagado con los fondos del Estado usó su espacio “Sin Fronteras” para amenazar a Carlos Pellas, del Grupo Pellas; y Ramiro Ortiz Mayorga, del Grupo Promérica-Banco de la Producción (Banpro).
Con su continuidad del discurso oficialista, les siguió reprochando su supuesto financiamiento al intento fallido de golpe de Estado de 2018 y les profirió una seria advertencia diciéndoles que Daniel Ortega ya «les perdonó la vida» pero ahora que «no se quejen», ante lo que podría ser una nueva arremetida en contra del sector privado.
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Según Grigsby, Pellas y Ortiz financian al organismo Diálogo Interamericano, con sede en Estados Unidos, a quien apunta por disque dirigir fondos para «la compra de armas» durante las protestas sociales de 2018. «La fase armada del golpe, que desató EE.UU. fue parcialmente financiada por los magnates», afirmó temerariamente, mientras leía un papel en el que, según él, tenía los nombres y montos aportados.
De acuerdo con los papeles que mostró Grigsby, Carlos Pellas y Ramiro Ortiz Mayorga aparecen como integrantes del Consejo de Liderazgo del Diálogo Interamericano. Acusó que esos empresarios nicaragüenses habrían donado, de su capital, entre 55 mil y 99 mil dólares a esa organización.