Frente al indolente silencio de las autoridades nacionales y regionales, y el «apañamiento» de los asesinatos e invasión de tierras ejecutada por colonos en las comunidades indígenas de Bosawás, en el Caribe Norte de Nicaragua, pobladores de Musawás, del territorio Sauni As, salieron a sus calles para gritar un «basta ya de violencia y robo». Exigen al Gobierno que atienda sus problemas y ponga fin a la ola de crímenes que se vive en esos territorios.
Los lunes pasados, los pobladores de Musawás decidieron hacer una marcha por las calles de sus comunidades para denunciar, ante Nicaragua y la comunidad internacional, que siguen siendo víctimas de una creciente ola de violencia, de robo de sus tierras a manos de colonos, y de desamparo por parte de las entidades del Gobierno, que «apañan» a los invasores.
Durante la marcha, los comunitarios portaron carteles en los que denunciaban que están viviendo bajo «un plan de masacre», por lo que piden que todos los culpables, colonos o comunitarios, sean juzgados. Exigieron la «restauración de la paz y libre circulación» y cumplimiento de la Ley 445, de régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas, que la dictadura de Daniel Ortega ha ignorado.
Más de 70 asesinatos
El ecologista nicaragüense en el exilio y presidente de la organización ambientalista Fundación del Río, Amaru Ruiz, expresó a Artículo 66 que la situación de violencia e inseguridad que se vive en los territorios indígenas de Nicaragua, y sobre todo en Bosawás, es preocupante y más aún por la posición de indolencia y encubrimiento cómplice de las autoridades del Gobierno.
Recordó que entre 2015 y lo que va del 2023, se cuentan 72 indígenas asesinados, a manos de grupos armados de colonos, y ante esa «terrible escalada de asesinatos», el Gobierno no hace nada.
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«Lo que vemos es que no hay voluntad política para atender la situación de violencia en esos territorios, y menos para atender los procesos de saneamiento territorial, como establece la Ley 445», señala Ruiz.
Obligarlos a convivir con sus verdugos
Por su parte, Carlos Guadamuz, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, recordó que las comunidades indígenas de Nicaragua, especialmente de las etnias mayagnas, han recibido protección de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además, medidas cautelares y de protección de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Guadamuz denunció que, el régimen Ortega- Murillo pretende imponer la idea de que, lo que se vive en los territorios indígenas, es un conflicto étnico y trata de obligar a las comunidades a una supuesta coexistencia con sus verdugos, lo que implicaría «impunidad, porque todos los crímenes que se han perpetrado contra las poblaciones autóctonas quedarían sin ser juzgados».