La abogada y defensora de presos políticos nicaragüenses Yonarqui Martínez rompió el silencio tras la decisión del Poder Judicial de anular su título de abogada y notario público. Afirmó que lo actuado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al servicio del régimen Ortega Murillo, es ilegal y que no reconoce la resolución que la deja como bachiller.
El pasado martes, nueve de mayo, la CSJ, suspendió «definitivamente» del ejercicio de su profesión a la abogada. «Se sanciona a la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García con suspensión definitiva del ejercicio de las profesiones de Abogado y Notario Público, a partir de la notificación de la presente sentencia», se lee en la circular emitida por la justicia del régimen orteguista.
Yonarqui Martínez es una de las abogadas de presos políticos más destacadas del país. Desde inicio de la crisis social en Nicaragua encabezó la defensa de los presos políticos hasta lograr su liberación por sentencia judicial o por la controversial Ley de Amnistía. Ha recibido amenazas de muerte, asedio, persecución, atentados en carretera y disparos contra su vivienda.
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«Yo no reconozco tal resolución que fue firmada por tres magistrados: la doctora Alba Luz Ramos, la doctora Juana Méndez y el doctor Marvin Aguilar. No se me permitió la defensa, no se me permitió entrar a los archivos, inclusive hasta el momento se me mandó a entregar los títulos de abogado y notario público. No lo he hecho, no lo voy a hacer. No reconozco las ilegalidades que ha cometido el Poder Judicial», dijo Martínez en un video distribuido a medios de comunicación.
La resolución mandó a la abogada a presentar ante Secretaría de la CSJ, en el término de 24 horas, los títulos de abogada y notario público, los protocolos que llevó durante los quinquenios que estuvo autorizada para cartular, sello y carné de abogado y notario.
«Presentarme a las oficinas del Poder Judicial significa darle credibilidad, así que como abogada no voy a prestarme a tal represalia. Evidentemente es un canal para callar una voz que ha estado día a día junto con las víctimas. Esto no significa que la labor como defensora va a terminar, no. Esto trae un mayor compromiso hacia las víctimas, un mayor compromiso con la ciudadanía, ahora como víctima, tenemos largo camino que recorrer», respondió la abogada al mandato de la CSJ.
Martínez manifestó que las actuaciones del Poder Judicial cada día demuestran que es una institución «adepta» al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, dijo que «existe la puerta de la verdad y de la justicia, va a haber una transición en la cual se van a investigar todos estos atropellos en los cuales hemos sido víctimas».
También expresó su solidaridad con los 25 abogados, que al igual que ella, fueron despojadas de su libre ejercicio como abogados y notarios. «Es una suspensión definitiva sin asidero legal», concluyó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la defensora y ha solicitado al Estado garantizar su derecho a la vida e integridad personal, destacando que Martínez y su familia «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia».