La diáspora de nicaragüenses en Estados Unidos, que aglutina a líderes religiosos, activistas, excarcelados políticos, exiliados y defensores de derechos, promueve una campaña en la que pide a la administración Biden-Harris al igual que a las autoridades migratorias en la nación norteamericana otorguen un nuevo Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, a nicas que residen o se encuentran con petición de protección internacional en ese país.
La iniciativa insta a los ciudadanos que viven en Estados Unidos a llamar a la Casa Blanca para reiterar el llamado a que se otorgue ese TPS, que permitiría obtener a los beneficiarios permiso para vivir y trabajar en ese país sin ningún obstáculo.
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En pocos días, el 11 de mayo, expirará el Título 42, una medida adoptada por Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump para controlar el ingreso irregular de ciudadanos a ese país. La norma sanitaria fue invocada para expulsar a la mayoría de los migrantes que entran por la frontera con México sin visa o documentación necesaria.
Este nueve de mayo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, suspendió «definitivamente» del ejercicio de su profesión a la abogada Yonarqui Martínez, quien ha sido una de las defensoras de presos políticos.
«Se sanciona a la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García con suspensión definitiva del ejercicio de las profesiones de abogado y notario público, a partir de la notificación de la presente sentencia», se lee en la circular emitida por la justicia del régimen orteguista.
Asimismo, se detalla que a la defensora se le despoja de su título de abogado y notario Público.Yonarqui Martínez es una de las abogadas de presos políticos más destacadas del país. Desde inicio de la crisis social en Nicaragua encabezó la defensa de los opositores en prisión hasta lograr su liberación por sentencia judicial o por la controversial Ley de Amnistía. Ha recibido amenazas de muerte, asedio, persecución, atentados en carretera y disparos contra su vivienda.
90 días han transcurrido desde aquel jueves, nueve de febrero, en el que Nicaragua amaneció con la noticia de que 222 presos políticos habían sido enviados en un vuelo directo a Estados Unidos.
En el grupo había sacerdotes, diáconos, periodistas, defensores de derechos humanos, precandidatos presidenciales y hasta extrabajadores del Estado, a quienes Daniel Ortega y Rosario Murillo había encarcelado acusándolos de traición a la patria, menoscabo a la integridad nacional o propagación de noticias falsas.
Desde ese día la vida cambió para ellos. Si bien recuperaron una libertad relativa, llegaron a una nación con el inglés como idioma oficial, muchos sin un sitio donde vivir, lejos de sus familiares y sin un trabajo. Además, arrastraban enfermedades producto del encarcelamiento arbitrario al que fueron sometidos.
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El Ministerio de Salud notificó sobre 12 nuevos casos de COVID-19 en Nicaragua, tres más en comparación con la semana anterior y en días en que la Organización Mundial de la Salud levantó la alerta por la pandemia al considerarla que ya no es riesgo mundial.
Las autoridades de Salud de Nicaragua solo reconocen 15,713 contagios desde que se conoció sobre el primer caso en el país en marzo de 2020. Datos de organizaciones independientes aseguran que la cantidad de personas contagiadas sobrepasó los 32 mil.