La organización de apoyo social relacionada con la Iglesia Católica, Cáritas de León, se vio obligada a solicitar su cancelación definitiva ante el Ministerio de Gobernación (Migob) porque no pudo sobrevivir al desmesurado control del régimen sobre esas organizaciones.
El método represivo mediante el excesivo control y exigencias desmesuradas de rendición de cuentas para las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) sigue dando los frutos que el régimen Ortega-Murillo busca: obligarlas a cerrar «voluntariamente» o las cierran ellos.
La Asociación Cáritas Diocesanas de León (Cáritas de León), solicitó al Migob la cancelación de su personalidad jurídica por «disolución voluntaria acordada por sus miembros mediante el acta número 11 de Asamblea Extraordinaria celebrada el 31 de diciembre de 2022», según indica la resolución de aprobación publicada en la Gaceta oficial de este lunes 8 de mayo.
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La misma publicación oficial indica que la organización caritativa se vio obligada a cerrar porque ha sufrido una «disminución de fondos para cumplir sus fines y objetivos».
La instancia de apoyo social pertenecía a la Diócesis de León que actualmente es administrada por el obispo Oscar René Sándigo, un pastor católico que no se muestra muy crítico al régimen, más bien ha optado por el silencio ante la ola represiva que ejecuta la dictadura Ortega-Murillo.
Cáritas de León tenía personalidad jurídica desde el 2014, cuando le fue otorgada mediante el Decreto 7583, publicado en la gaceta número 207 del 31 de octubre de 2014, e inscrita en el Migob el 25 de noviembre de ese mismo año bajo el número perpetuo 6007.
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La solicitud de cancelación de la ONG fue fundamentada en el Artículo 42, numeral 1 y artículo 47, numeral 1, de la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro. La misma Ley que la dictadura ha utilizado para ilegalizar más de 3 mil oenegés de todo tipo, en medio de una guerra abierta contra la sociedad civil.
Según datos contenidos en una sistematización elaborada por el Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más, la Fundación del Río y la Fundación Popol Na, hasta el 2018 habían en el país unas 7.227 personerías jurídicas activas de ONG. La dictadura Ortega-Murillo ha cancelado ya la mitad de todas ellas.