Un grupo de nicaragüenses se concentró en las afueras de la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica en San José, Costa Rica, para demandar al director ejecutivo de esa institución, Dante Mossi, que deje de oxigenar con préstamos al régimen Ortega-Murillo, fondos que aseguran son redireccionados para continuar la represión en el país.
El BCIE es el principal «patrocinador» de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En los últimos años, el financiamiento de este ente regional pasó de representar el 21.39 % del Programa de Inversión Pública (PIP) en 2017 a 39.14 % en 2022. En total han desembolsado 3,500 millones de dólares en cinco años para Nicaragua.
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La Policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó una nueva arremetida contra periodistas, activistas opositores, dirigentes del Movimiento Campesino y hasta a parejas de dirigentes locales exiliados.
Entre los capturados en las primeras horas de la noche de este miércoles, tres de mayo, se cuentan el periodista William Aragón, originario de Somoto, Madriz. Según los reportes de medios locales, Aragón fue detenido en una casa que rentaba en la ciudad de Estelí (Norte).
En la ciudad de Rivas, las fuerzas policiales allanaron la casa de Octavio Ortega Arana, exlíder del Movimiento Campesino en esa ciudad, a quien, según vecinos, la Policía montó con dificultad en una patrulla, porque hace varios meses, Ortega Arana fue amputado de su pierna derecha, como consecuencia de afectaciones por la diabetes.
Además, fue secuestrada la señora Marycruz Bermúdez, madre de Richard Pavón, el primer joven asesinado durante la rebelión de abril (el 19 de abril de 2019). Marycruz es miembro de la Asociación Madres de Abril (AMA), y habita en Tipitapa, Managua.

La exalcaldesa de Managua y nueva embajadora orteguista ante el régimen de Nicolás Maduro, Daysi Torres, presentó sus cartas credenciales como la representante de Daniel Ortega ante el dictador venezolano.
Torres, fue designada por Ortega en ese cargo diplomático el pasado 24 de marzo. La nueva delegada del régimen de Nicaragua fue recibida por Maduro en la Casa de Miraflores, sede de gobierno, y sin mayores discursos, más que con el protocolo establecido para esos fines, presentó los documentos que la dejan acreditada en el cargo.

Carlos Pavón, el padre del joven Richard Pavón, asesinado por la dictadura Ortega Murillo durante las protestas sociales de 2018, llegó a Estados Unidos beneficiado por el parole humanitario. Pese a que han pasado cinco años desde el asesinato de su hijo, aseguró que “desde su pérdida nada volvió a ser igual”.
Pavón aplicó al beneficio humanitario para ingresar a ese país y le fue aprobado. “Vamos a luchar, a vivir esta nueva vida”, dijo al mencionar que, en Nicaragua, las cosas no andan bien, menos para una familia que tiene algún pariente asesinado durante la rebelión cívica de hace cinco años.
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostiene una guerra abierta contra la Iglesia católica de Nicaragua. Según el registro presentado este miércoles por la abogada Martha Patricia Molina, desde 2018, la Iglesia ha sido víctima de 529 ataques dirigidos desde esferas del Estado.
En la tercera entrega del estudio «Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?», Molina pone en evidencia que el régimen ha ido aumentando su violencia contra la Iglesia en los últimos cinco años y en lugar de disminuir, los ha arreciado.
Solo en los primeros tres meses de 2023 se registraron, según el estudio, 90 ataques directos contra el catolicismo, 80 más en comparación con el primer trimestre de los 4 años anteriores. En este año, menciona como preocupante la prohibición de 3,176 procesiones en Semana Santa y la detención arbitraria de tres religiosos, entre ellos, el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, preso en “La Modelo”.
El Ministerio de Gobernación, que responde a los designios de los Ortega-Murillo, canceló este miércoles 20 organismos sin fines de lucro. En la lista hay asociaciones cristianas, un grupo de desmovilizados y Enlace Canal 21, una televisora de corte evangélico que tenía como propietario al reverendo Guillermo Osorno, político que criticó los resultados de las votaciones presidenciales de 2021 pese a haber participado en representación de Camino Cristiano Nicaragüense, con la diferencia de que en esos comicios no hizo mancuerna con el FSLN. De las 20 ONG aniquiladas, seis fueron por disolución voluntaria.