Informes de organizaciones locales e internacionales advierten que en Nicaragua se ha instaurado la «represión y el control» como una política pública que cada vez «adquiere un nivel alto de refinamiento y sofisticación».
Un experto en temas de seguridad, en condición de anonimato, explicó que la percepción de la seguridad ciudadana ha cambiado en los últimos años, principalmente a partir de 2018, cuando se registraron las protestas sociales que fueron reprimidas por la Policía y paramilitares orteguistas.
El 52,4 % de la población nicaragüense consideraba que el crimen y la delincuencia han aumentado, el dato es parte de los resultados de la encuesta «Seguridad Ciudadana en Nicaragua: Tendencias y Retos en el 2021», elaborada por Expediente Abierto y la Universidad de Arizona. El informe señala que uno de cada tres nicaragüenses percibe el deterioro de la seguridad en su entorno inmediato.
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La percepción de la población sobre la seguridad ciudadana ha variado en los últimos años en el sentido de que la gente siente mayor inseguridad y temor, afirma el experto en estos temas.
«En las últimas encuestas de opinión que se han hecho, ese tema aparece como uno de los problemas más importantes de la población, detrás de la situación económica y el desempleo. La crisis sociopolítica tiene una relación directa con esa percepción», manifestó.
Criminalidad y delincuencia
A raíz de la represión estatal y la excarcelación masiva de presos comunes se ha incrementado la delincuencia y criminalidad, es decir, que se trata no solamente de percepción sino que en términos reales hay más inseguridad y criminalidad, explica.
«Lo que ha sucedido es que se han incrementado los robos, asaltos y otros delitos comunes. También hay ciertos grupos como las mujeres que están experimentando situaciones de violencia más alta como en el caso de los femicidios; las comunidades indígenas atacadas por los colonos en la Costa Caribe, para mencionar algunos ejemplos. Eso sin contar la violencia política que se ha mantenido como una constante durante estos años», destaca.
La encuesta de Cid Gallup de enero de este año revela que el 62% de las personas encuestadas opina que Daniel Ortega lleva al país por el rumbo equivocado y la inseguridad ciudadana se ubica entre los cuatro principales problemas que enfrentan los nicaragüenses. Los otros tres son desempleo, corrupción y carestía de la vida.
La imposición de un estado policial
El experto en estos temas refirió que la imposición de un estado policial no contribuye a disminuir la percepción de inseguridad. Durante el 2021, la Policía recibió 140 mil 713 denuncias de todo tipo de delitos, de las que logró resolver 120 mil 759. Es decir, quedaron 19 mil 954 denuncias sin resolver. Además, en todo el 2021, según datos oficiales, se registraron 270 homicidios.
Desde 2018 el régimen de Ortega y Murillo ha impuesto en el país un estado policial con el fin de aplastar la libertad de manifestación de la ciudadanía, situación que ha sido criticada por organismos internacionales y locales de derechos humanos. Los agentes policiales están en las calles para ejercer una función de vigilancia a los opositores.
«Numerosos estudios han demostrado que más policías en las calles no son sinónimo de mayor seguridad; menos en el caso de países como Nicaragua, donde la Policía se ha convertido en una las instituciones que genera mayor temor a la población por la violencia política que ejerce. Pero también porque otras instituciones son parte de un sistema de vigilancia sobre la población», analizó el experto.
Segundo país con más robos
La encuesta de julio de 2022 de la consultora internacional CID Gallup ubica a Nicaragua como el segundo país en Latinoamérica con mayor tasa de robos y asaltos, superando a México, Venezuela y El Salvador, que anteriormente reflejaban los mayores índices de inseguridad en la región.
En ese momento el mayor en retiro Roberto Samcam señaló que en el país no se puede tener seguridad con «una Policía que está sancionada por los Estados Unidos y las razones por la que fue sancionada no es nada agradable porque prácticamente los comparan con grupos terroristas y el crimen organizado. Evidentemente lo que menos existe en Nicaragua es seguridad ciudadana».
Según el informe, en Nicaragua, al menos 19 personas son víctimas de delitos graves diariamente como robos con violencia o robos con intimidación. Esto no incluyen otro tipo de delitos considerados menos graves como hurtos, robo con fuerza, estafa o extorsión. Al menos 3,154 personas denunciaron ser víctimas de robos con violencia en Nicaragua y otras 3,741 dijeron haber sufrido un robo con intimidación.
«Durante el gobierno de Ortega se ha vendido la idea de que la Policía era una de las mejores de Latinoamérica y que, incluso, muchísimos voceros oficiales vendieron esa idea del “muro de contención” y del “respeto ciudadano”, cosa que se desmoronó durante la crisis social en 2018», manifestó Samcam.
Régimen autoritario
La revista británica The Economist Intelligence Unit (EIU), en el informe de febrero de este año, posiciona a Nicaragua como un régimen dictatorial y la ubica en el puesto 143 a nivel mundial en cuanto al índice de democracia.
El estudio Frontline Democracy and the Battle for Ukraine de la firma británica, que evaluó las condiciones políticas de 167 países, ubicó a Nicaragua dentro de la clasificación de regímenes autoritarios con una puntuación de 2.50 de 10 posibles.
En 2022 la Arquidiócesis de Managua emitió una nota de prensa, en medio de la persecución desencadenada por la dictadura Ortega Murillo, en la que afirmó que la crisis sociopolítica en Nicaragua ha «estancado a nuestra sociedad en un ambiente de inseguridad, polarización e intransigencia, desencadenando una dinámica de división y antagonismos que impiden superar esta crítica situación nacional».