Estados Unidos mediante un informe sobre las prácticas de derechos humanos a nivel mundial en 2022, calificó a Nicaragua como un país con «sistema político altamente centralizado y autoritario» dominado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«El partido Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral del país. El presidente Ortega se adjudicó un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de 2021 después de encarcelar arbitrariamente a casi 40 figuras de la oposición, prohibir la participación de todos los partidos políticos de oposición creíbles, bloquear los esfuerzos legítimos de observación internacional y cometer un fraude electoral generalizado», refiere el documento emitido el 20 de marzo.
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Denuncian que el oficialismo consolidó su poder en las elecciones municipales de noviembre pasado, en las que la mayoría de los votantes optaron por no participar y el régimen se adjudicó los 153 municipios del país. Además, destacan las violaciones de derechos humanos cometidas a través de la Policía, Ejército y paramilitares ordenados por el Estado.
«Las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de: ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluidas amenazas de violencia contra periodistas, detenciones injustificadas de periodistas y censura», denuncia Estados Unidos.
Asimismo, refieren que el régimen ha interferido de manera sustancial con los derechos de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluyendo un conjunto de leyes «demasiado restrictivas» que mantienen control sobre la organización, financiación o funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
«Corrupción gubernamental grave; serias restricciones gubernamentales y hostigamiento de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, incluido el feminicidio y otras formas de violencia de género; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra minorías étnicas y comunidades indígenas», continúa agregando el documento en cuanto a la situación de derechos humanos en Nicaragua.
Señalan que el Gobierno aún no ha iniciado procesos legales ni rendición de cuentas para agentes policiales y paramilitares que ejercieron abusos en contra de ciudadanos nicaragüenses desde las protestas civiles de 2018. Por el contrario, «la Policía y el Ministerio Público juzgaron, condenaron y encarcelaron a muchos miembros de la oposición a favor de la democracia».
A todo esto se suma la represión transnacional, la administración de Joe Biden refiere que grupos de exiliados en Costa Rica denunciaron hostigamiento y opresión política por parte de parapoliciales y simpatizantes del FSLN que cruzaron la frontera para atacar a los exiliados, así como por parte de funcionarios de inteligencia dentro de la embajada de Nicaragua en Costa Rica.
«Los familiares de miembros de la oposición en el exilio fueron vigilados, hostigados, detenidos y condenados injustamente como parte de los intentos del gobierno de obligar a los miembros de la oposición exiliados a regresar al país y ser arrestados», agrega el informe.
