Las empresas «offshore», también conocidas como «empresas de maletín» o «empresas pantalla», aunque no son ilegales, son la mejor forma para ocultar bienes o dinero mal habido, para lavarlo o para evadir impuestos utilizando testaferros y ocultar la identidad de los verdaderos dueños. Por eso miles de ese tipo de empresas son creadas en los llamados «paraísos fiscales» como Panamá y precisamente ahí, en el país canalero, está registrada una sociedad mercantil llamada «Asesoría Gerencial Centroamericana S.A.». Esta investigación documental de Artículo 66 determinó que dicha empresa fue registrada con una Junta Directiva presidida por Ana Isabel Argüello Yrigoyen, un nombre que coincide con el de la esposa del actual ministro Asesor para Asuntos de Seguridad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Horacio Sebastián Rocha López.
En un rastreo por los registros públicos expuestos a través de páginas web especializadas en la búsqueda de ese tipo de empresas como Panamá Data, Opencorporates y mercado.com.pa, se constató que en la Junta Directiva de Asesoría Gerencial Centroamericana S.A. en la que están 6 personas más, figura también Bolívar Antonio Avilés Castillo, nombre que también coincide con el del hermano del actual jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo.
La empresa de maletín funcionó por 16 años
De acuerdo con los datos expuestos públicamente por mercado.com.pa la empresa offshore Asesoría Gerencial Centroamericana fue constituida el 7 de mayo de 1997 e inscrita formalmente el 14 de ese mismo mes bajo el número de compañia 330325 y número nativo (folio) 330325S.
La empresa fue registrada bajo la categoría de Sociedad Anónima con un tiempo de duración perpetuo, con domicilio en la Provincia Panamá, República de Panamá.
Dichos datos están registrados en la Notaría Primera, del Circuito Avenida Samuel Lewis, de la Ciudad de Panamá.
Asimismo, OpenCorporates en su sitio web, entre los datos que mantiene públicos, detalla que la Sociedad Anónima Asesoría Gerencial Centroamericana fue disuelta el 26 de marzo de 2013. Es decir, la compañía se mantuvo activa y operando durante aproximadamente 16 años.
Los socios en la offshore
La Junta Directiva de la offshore Asesoría Gerencial Centroamericana estaba compuesta por 7 personas que cubrían los 12 cargos disponibles, por lo que algunos de ellos ocupaban varios puestos a la vez.
Ana Isabel Argüello Yrigoyen figuraba como presidenta de la Junta Directiva. Los estatutos constitutivos establecieron que el presidente era a la vez representante legal de la empresa de maletín, y también ocupaba el cargo de directora.
Argüello Irigoyen es la esposa en segundas nupcias de Horacio Sebastián Rocha López (Rochón), comisionado general y subdirector general de la Policía Nacional hasta 2014, año en que el dictador Daniel Ortega lo pasó a retiro para luego, en el 2022, llamarlo de nuevo y nombrarlo Ministro Asesor para Asuntos de Seguridad, cargo desde el cual volvió a vestir el uniforme policial y aparece ahora, con su grado de comisionado general, al lado del jefe de la Policía y consuegro del dictador, Francisco Díaz Madriz.
Fuentes cercanas a la institución policial aseguran que quien manda realmente en la Policía es Rocha López y hasta despacha desde una oficina ubicada en el edificio Plaza El Sol, cercana a la oficina de Díaz Madriz, algo que para algunos analistas es ilegal pues «Rochón» está oficialmente retirado de la institución policial y no existe en la Ley ningún artículo que permita reintegrarlo como oficial activo.
El segundo director de la compañía de maletín era Bolívar Antonio Avilés Castillo, quien también figuraba como vocal.
Ni Argüello Yrigoyen ni Bolívar Avilés Castillo son conocidos como empresarios en Nicaragua.
¿Quiénes son Argüello Yrigoyen y Bolívar Avilés?
Argüello Yrigoyen es abogada, con énfasis en finanzas. Hasta septiembre de 2015 no era un personaje conocido en la política nacional, sino hasta que el dictador de Nicaragua, el 3 de ese mes firmó el acuerdo presidencial 140-2015 mediante el cual la nombra viceministra del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). Dicho acuerdo fue publicado en la Gaceta Oficial el 7 de ese mes.
El cargo no le duró mucho a la viceministra pues apenas un mes y 16 días después, el 19 de noviembre, Ortega firmó el acuerdo presidencial 208-2015 con el que la destituyó del cargo. Ese despido como viceministra del MIFIC fue publicado en la Gaceta Oficial número 228, del 01 de diciembre.
Sin embargo, no la dejó desempleada, pues en esa misma Gaceta Ortega mandó a publicar el Decreto Presidencial 209-2015 en el que la nombra Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en la República de Corea y además la manda premiada en compañía de su esposo, en ese momento retirado comisionado general Horacio Rocha, a quien lo nombra, mediante el Decreto 210-215, Cónsul General en ese mismo país. Una orgía de nepotismo, como le gusta a Ortega y a sus funcionarios.
Nuevamente el nombramiento fue por corto tiempo, pues mediante los acuerdos 86 y 87, publicados en la gaceta número 66 del 11 de abril de 2016, el dictador le cancela al matrimonio Rocha Arguello sus respectivos nombramientos. Solo estuvieron en esos cargos diplomáticos cuatro meses.
La abogada Argüello Yrigoyen fundó su empresa offshore en Panamá en 1997, años en que Horacio Rocha se había convertido en el jefe de seguridad y muy cercano del entonces presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán Lacayo, quien al final de su gobierno, en el 2002, fue procesado por corrupción. En medio de las investigaciones contra Alemán se descubrió al menos una asociación de maletín, la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) en Panamá, mediante las cuales el caudillo liberal habría ocultado dinero producto de los actos de corrupción que se le achacaron y por los cuales fue condenado a 20 años de cárcel, pena que no cumplió porque fue sobreseído ya con Ortega de regreso en el poder.
Además, Argüello Yrigoyen mantuvo vigente su offshore hasta marzo del 2013, es decir 6 años después de que Ortega regresó al Gobierno y su esposo, Horacio Rocha, aún era subdirector general de la Policía.
De acuerdo con documentos que Artículo 66 ha logrado obtener en búsquedas a través de internet, Argüello Yrigoyen, mientras era «empresaria extraterritorial» también ejercía su profesión como abogada y notaria pública, pues en el 2006, aparece certificando actas de juntas directivas en el proceso de fusión empresarial de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones S.A. (Enitel) que absorbió las empresas Servicios de Comunicaciones de Nicaragua (Sercom) y Telered de Nicaragua S.A. Ese acto consta en la Gaceta Oficial número 66, del 03 de abril de 2006.
Actualmente, la exviceministra, exembajadora y exempresaria offshore, que de acuerdo con su número de cédula 001-140656-0013W, tiene casi 67 años, está oficialmente jubilada y no aparece como cotizante en la base de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), pero sigue desempeñándose como empresaria, ahora en el país, como miembro de la Junta Directiva de la Compañía de Seguros ASSA Nicaragua, según consta en el sitio web oficial de la filial nicaragüense de esa empresa y también está registrada como tal en la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SIBOIF).
La aseguradora ASSA Nicaragua, antes llamada Metropolitana Compañía de Seguros, S.A., ahora pertenece al Grupo ASSA, que tiene su base principal de operaciones en Panamá, según indica su sitio web.
El hermano del general
Bolívar Antonio Avilés Castillo, socio de Arguello Yrigoyen en la empresa de maletín Asesoría Gerencial Centroamericana S.A., inscrita en Panamá, es uno de los hermanos menores del general de Ejército, Julio César Avilés Castillo, que comanda las fuerzas armadas desde el 2010, cuando fue nombrado por el dictador Daniel Ortega y lo mantiene en ese cargo por tercer periodo consecutivo, para lo que reformó la ley militar que establecía un único periodo de cinco años en ese cargo militar.
El general Avilés lleva ya 13 años al mando del Ejército y se ha convertido en uno de los hombres de mayor confianza de Ortega, al punto que es señalado de ser cómplice del dictador y apoyarlo en la represión contra los manifestantes que se revelaron en abril del 2018, y en la corrupción, razón por lo cual el Gobierno de EE.UU. lo sancionó el 22 de mayo de 2020.
Su hermano menor, Bolívar, próximo a cumplir 53 años y nacido en Jinotepe, Carazo, según lo indica su número de cédula 041-240570-0005X, también inició la carrera militar, al cursar durante 6 años estudios en la Escuela Vocacional Militar Carlos Fonseca Amador (EMCFA), en Cuba, en el programa llamado Los Carlitos, donde preparaban adolescentes con miras a seguir altos estudios militares. Ahí fue compañero de clases de Rafael Ortega Murillo, hijo del matrimonio dictatorial.
Sin embargo, al regresar a Nicaragua en 1990 optó por estudiar en una universidad civil la carrera de Derecho, por lo que actualmente es abogado.
Es decir, en 1997, con 27 años, tendría unos 2 años de haber egresado de la universidad como abogado y ya estaba fundando una empresa extraterritorial en Panamá.
De sus actividades en Nicaragua no se sabe mucho y en internet o redes sociales no hay ni fotos de este personaje. Sin embargo, en una base de datos de empleados de la Dirección General de Aduanas (DGA), actualizada al 20 de marzo de 2017, aparece como coordinador del área técnica en la Dirección General de Auditorías de esa dependencia estatal.
También, en la base de datos del INSS, actualizada a febrero de 2023, Bolívar Avilés aparece cotizando un salario de 80 mil córdobas mensuales, como empleado del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
Además, «El Chícharo», como le decían a Bolívar en Cuba, ha sido señalado por opositores como uno de los principales mandos de paramilitares para que persiguieran y masacraran a los protestantes populares durante la rebelión de abril de 2018 en Jinotepe, Carazo.
Sus relaciones familiares le han permitido incluso desafiar a la comisión disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia. Una fuente que lo conoce en su desempeño como abogado indicó que reiteradamente falta a su deber de entregar en tiempo y forma los reportes de sus protocolos y nunca lo han sancionado.
Los otros socios «prestanombres»
La offshore de Arguello Yrigoyen y Avilés Castillo completó su junta directiva con personas de las que los conocedores de ese tipo de negocios llaman «verdaderos prestanombres».
Por ejemplo, la agente residente era Irene Stanziola, una abogada que aparece en un total de 1040 cargos o vinculaciones en juntas directivas de empresas activas o inactivas, inscritas en Panamá.
Una búsqueda en internet arroja que Irene Stanziola es una abogada especializada como agente registradora con «número de idoneidad» 928, habilitada el 30 de septiembre de 1982. También aparece relacionada con el Bufette Stanziola & Asociados.
Previo a la publicación de este reportaje, Artículo 66 intentó obtener la versión de la abogada panameña Irene Stanziola. Le llamamos al número de celular y al de su oficina que aparecen en el directorio de abogados de Panamá, y resultó imposible.
Luego le enviamos un correo electrónico con las preguntas de rigor que ella podría contestar sobre su vinculación en la sociedad con Ana Isabel Argüello y Bolívar Avilés. Hasta el cierre de nuestra edición, tampoco ha respondido.
La periodista de investigación panameña Rekha Chandiramani, que durante su trabajo periodístico ha logrado conocer el sistema de registro empresarial en Panamá, consultada para este reportaje, señala que la actividad de registrar e incluso «participar con su nombre» por parte de abogados registradores, para fundar empresas offshore en el país canalero no es ilegal, sin embargo, lo considera «antiético»
Explica que muchos abogados han registrado como «directores nominales» (prestanombres), una figura permitida en Panamá, incluso a personas humildes que trabajan como conserjes de los despachos de abogados. En otros casos los mismos abogados se nombran en cargos directivos de las empresas que ellos mismos ayudan a sus clientes a crear y cobran por ese préstamo de nombres.
Miguel Ángel Jiménez, uno de los directores y a la vez tesorero de Asesoría Gerencial Centroamericana, también tiene cargos en 10 empresas offshore más, ahí mismo en Panamá. Artículo 66 no logró establecer si esta persona es de nacionalidad nicaragüense o panameña, debido a que en la base de datos del INSS aparecen tres personas que coinciden exactamente con ese nombre, de los cuales dos trabajan para el Estado en cargos menores y el tercero en una empresa privada, igual en un cargo menor.
Una tercera directora es Martha Rosa Monroy, y en este caso hay un aspecto llamativo; en el cargo de secretaria de la junta directiva aparece otra Martha Rosa Monroyles Castillo, nombres muy parecidos, pero ninguno de los dos aparece en más cargos en Panamá ni en la base de datos del INSS.
El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en una publicación en su página web oficial donde explica aspectos destacables de la experiencia que tuvieron en el análisis de filtraciones sobre Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers y Offshore Leaks, refiere que «Los nombres pueden tener errores tipográficos o estar mal escritos, pero así es como aparecen en las bases de datos originales que obtuvo el ICIJ».
Asesoría Gerencial Centroamericana tiene en su Junta Directiva dos suscriptores que son Malvina Arosemena de Weeden, que aparece relacionada en 53 diferentes cargos o empresas inscritas en Panamá. Y finalmente está el suscriptor José Guillermo García Valdés, quien hasta el 2020 aparecía vinculado a 139 cargos en empresas creadas en el paraíso fiscal panameño.
Todos los sitios de búsqueda de empresas en Panamá hacen la salvedad que la información que exponen «proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley N°6 de transparencia panameña».
¿Qué es una empresa offshore?
Desde que los Papeles de Panamá, la filtración más grande de la historia sobre las empresas offshore y que analizó y publicó el ICIJ, pusieron al descubierto el oscuro mundo de las sociedades offshore, este nombre y la estrategia que utilizan se han puesto en boca de millones de personas.
El medio de comunicación de investigaciones español La Sexta define que «Las offshore son empresas que se abren a nombre de un interesado (puede ser una persona u otra sociedad) en países donde esa persona no vive o no realiza ninguna actividad económica». Su nombre significa fuera del territorio o «extraterritorial», lo que significa que está en otro país que no es del dueño.
Entre las características destacables de este tipo de compañías se cuentan que «establecen su sede en paraísos fiscales donde pagan muy pocos impuestos. No tienen gastos de auditoría ni de contabilidad, ya que no tienen obligación de presentar cuentas de forma anual». Tampoco están obligados a realizar reuniones de socios o accionistas.
«Las compañías offshore se utilizan para una variedad de propósitos comerciales y privados, algunos legítimos y económicamente beneficiosos, mientras que otros pueden ser dañinos o incluso criminales», dice la explicación.
Con frecuencia se ha conocido de denuncias sobre «el uso de compañías offshore para el lavado de dinero, evasión de impuestos, fraude y otras formas de delitos de cuello blanco».
El medio de comunicación español advierte que «la información detallada en relación con el uso de compañías offshore es notoriamente difícil de encontrar debido a la naturaleza opaca». Además, están pensadas precisamente para «preservar la confidencialidad de una transacción o individuo».
Se ha demostrado que empresas offshore son utilizadas para actividades «no lícitas»
El abogado experto en temas de corrupción y expresidente del capítulo panameño del organismo Transparencia Internacional, Carlos Barsallo, consultado por Artículo 66, explicó que «si bien no se puede decir que todas las offshore son utilizadas para actividades negativas, tampoco se puede ser ingenuo y no preguntarse lo básico y es si esa sociedad (empresa) tiene una razón real de existir».
Barsallo señaló que el tema de los «prestanombres», no es ilegal pero si considera que es ilógico pues se presta a la opacidad.
Remarcó que los prestanombres no siempre son abogados sino que utilizan personas que sin ser abogados trabajan para algunos despachos jurídicos y en distintos servicios secretariales.
«Ha sido reportado ampliamente desde después de los Papeles de Panamá. Hay personas que ocupan cargos en más de 10.000 sociedades, para darles un ejemplo de la magnitud del tema. Es decir que es algo que se da y no es ilegal», afirmó el experto panameño.
Recordó que después del escándalo desatado por la filtración de los «Papeles de Panamá», los prestanombres en empresas offshore «han venido regulándose pues ahora están exigiendo a ese tipo de ‘directores’ que tengan capacitaciones y hay una Superintendencia encargada de monitorear de que esas personas sigan unos cursos de capacitación sobre sus deberes y obligaciones, pero eso es algo muy reciente y es algo que es un paliativo tímido frente al tema de fondo».
En algo que sí fue muy categórico el experto panameño es que, más que pensarse si las empresas de maletín fundadas en Panamá u otros paraísos fiscales se han visto envueltas en actividades ilícitas, «ya se sabe a ciencia cierta, producto de las evaluaciones internacionales que ha hecho el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que el sistema (para fundar empresas offshore) no era suficientemente robusto, así que en 1997 (cuando Argúello Yrigoyen y Bolívar Avilés fundaron su empresa), no es lo mismo que en el 2023, donde hay mayores controles, así que eso sí es un hecho comprobado indiscutible (que las empresas offshore eran utilizadas para actividades no lícitas) porque al principio la regulación era muy rudimentaria».
Insistió que actualmente se exigen datos más pormenorizados, para saber para qué funciona esa empresa y si esos datos no son puestos a la orden puede pensar que una offshore está siendo «utilizada para fines no lícitos».
Las empresas «de papel»
El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación realizó el primer destape de empresas de maletín en junio de 2013, cuando publicó los llamados «Offshore Leaks».
ICIJ advierte que, «si bien muchas de las actividades realizadas a través de entidades extraterritoriales son perfectamente legales, los extensos informes del ICIJ y sus socios de medios durante más de ocho años han demostrado que el anonimato otorgado por la economía extraterritorial facilita el lavado de dinero, la evasión fiscal, el fraude y otros delitos».
Las características de estas empresas que encierran gran secretismo en su manejo se prestan para cometer delitos a gran escala.
Una de esas características peligrosas es que incluso pueden emitir «acciones al portador», lo que significa que un accionista o dueño ni siquiera tiene que estar identificado y solo basta con que tenga en su poder un certificado de dichas acciones o bienes «lo que proporciona uno de los niveles más profundos de secreto» y presta gran facilidad para «evasión de impuestos y el lavado de dinero».
Otra advertencia es que «el verdadero dueño de una empresa en el mundo offshore a menudo se mantiene en secreto». Esto pone en evidencia que, incluso, posiblemente Ana Isabel Argüello Yrigoyen y Bolívar Avilés podrían no haber sido los verdaderos dueños de la empresa Consultoría Gerencial Centroamericana, sino que habrían sido testaferros.
Por su parte, el sitio web especializado conceptosjuridicos.com, señala que unas de las características más atractivas que tienen las empresas offshore es «Privacidad y confidencialidad, eso indica que la ley de privacidad en los paraísos fiscales ampara a las Sociedades Offshore». Por lo que no están obligados a comunicar al Registro Mercantil del país los datos de sus integrantes, directores y accionistas y menos que estén obligados a informar sobre sus ganancias y movimientos financieros.
Las offshore de Panamá en Nicaragua
El medio de comunicación Confidencial, como parte del ICIJ, público en mayo del 2016 que en la filtración conocida como «Papeles de Panamá», Nicaragua es mencionada directamente en al menos 8,717 archivos de la firma Mossack Fonseca, entre ellos 6,524 correos, 1,518 en formato PDF y 245 documentos escaneados, además de otros archivos en diferentes formatos.
Estas menciones se refieren solo a clientes, compañías o accionistas que facilitaron como contacto alguna dirección en Nicaragua. Confidencial identificó a otros nicaragüenses que registraron fundaciones, sociedades y empresas de maletín en otros países considerados paraísos fiscales.El medio de investigación logró establecer, a través de los Papeles de Panamá, que al menos dos nicaragüenses ligados a Daniel Ortega tuvieron empresas offshore en Panamá a finales de los años 90 e inicios de los 2000, tal como ocurre con Arguello Yrigoyen y Avilés Castillo. Esos personajes son el general de brigada del Ejército en retiro Álvaro Baltodano, y el ciudadano de origen libio nacionalizado nicaragüense y pariente del fallecido dictador de aquel país, Mohamed Lasthar. Ambos siguen siendo funcionarios del régimen Ortega-Murillo.
