Once exmandatarios latinoamericanos, aglutinados en el Grupo Libertad y Democracia, manifestaron su preocupación por las graves violaciones a derechos humanos que continúa perpetrando el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia los nicaragüenses y, por lo tanto, demandaron que se aceleren las investigaciones contra la pareja presidencial en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En un comunicado, los exdirigentes afirmaron estar convencidos que «las acciones tomadas por la comunidad internacional, incluyendo duras sanciones por algunos Estados, no han sido suficientes para que el gobierno de Daniel Ortega cambie sus prácticas abusivas».
«La situación actual (de Nicaragua) requiere en forma urgente una reflexión creativa por parte de los Gobiernos comprometidos con el Estado de derecho, la democracia y la justicia para las víctimas inocentes de la dictadura nicaragüense», resaltaron.
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Los exmandatarios firmantes, entre ellos Iván Duque, de Colombia; Sebastián Piñera, de Chile; Rafeal Calderón, de Costa Rica; y Felipe Calderón, de México, propusieron a los gobiernos de la región crear «nuevos mecanismos, dentro del marco del derecho internacional, para responsabilizar a Nicaragua por las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, incluyendo la detención arbitraria y tortura de los presos políticos».
«Nuestro compromiso para colaborar en nuevos mecanismos que permitan responsabilizar internacionalmente a (Ortega, dictador de) Nicaragua por sus acciones, incluyendo demandas ante cortes o tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, por violaciones flagrantes a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes contra la Tortura», se lee en el comunicado.
Además, los exjefes de Estado exhortaron a los gobiernos de América Latina a tomar acciones orientadas «a dicho fin (…) para facilitar la operación de la justicia internacional».
Ortega continúa «cazando» opositores
El régimen de Ortega Murillo continúa con su cacería de opositores. En lo que va de abril, mes en que se conmemora el quinto aniversario de la rebelión cívica, el Monitoreo Azul y Blanco contabilizó 39 detenciones arbitrarias por parte de la Policía sandinista. Según el organismo, la mayoría de los arrestos son por razones políticas.
En un informe, la plataforma detalló que durante los primeros 20 días de abril se han reportados casi 200 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
El organismo además señaló que los días 17 y 19 de abril, cuando se cumplen cinco años de las protestas sociales, fueron los días que más se reportaron incidencias. El monitoreo registró al menos 70 incidentes. Los hechos ocurrieron en 13 departamentos y una de las regiones del Caribe de Nicaragua.
El Monitoreo Azul y Blanco destacó que la «represión estatal» se ha enfocado en los familiares de víctimas de abril, personas opositoras y autoconvocadas así como a miembros de la Iglesia católica.