El defensor de derechos humanos Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), considera que las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos son «insuficientes» y animó a los organismo multilaterales a «elevar la parada» contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
« (Las sanciones) no son suficientes, deberían ser elevadas a otro nivel, tal como lo decía el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (de la ONU). Las sanciones deberían ubicarse en el ámbito de que, cuando los organismos internacionales o multilaterales le prestan a Nicaragua deberían establecer cláusulas de derechos humanos, que no tiene nada de escandaloso por si el Gobierno quiere decir que afecta su soberanía», afirmó.
«Cuando los organismos multilaterales actúan en ese ámbito (derechos humanos) tienen la obligación de velar porque a quien le están prestando que el dinero lo vayan a ocupar en lo que dicen. Toda sanción es útil, pero hay que elevar la parada de las sanciones», añadió.
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Manifestó que ahora le «toca a los órganos multilaterales como el FMI, Banco Mundial, BCIE y al BID establecer cláusulas de derechos humanos, no es posible prestarle a un gobierno que tiene el país de rodillas y en un terrorismo de Estado».
Por su parte Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) indicó tras las sanciones que «nadie es impune. Ningún acto deja de tener sus consecuencia y este (delito de) prevaricato que han hecho estos magistrados y la jueza tienen sus consecuencias y son parias a nivel internacional».
«También es un mensaje para la administración Ortega Murillo. La camarilla en el poder creen que todo lo que hacen no tiene ninguna reacción y pueden campear en la impunidad, pero no tienen razón», refiere.
Las sanciones a tres funcionarios judiciales nicaragüenses, dice Barberena, que «es un mensaje de esperanza en este día simbólico (19 de abril, en el quinto aniversario de la Rebelión Cívica) del alzamiento popular y que marca el hito de la demanda de justicia sin impunidad en Nicaragua».
