A cinco años de la Rebelión Cívica de Abril 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su solidaridad con las víctimas y familiares de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En un comunicado, la organización insta al restablecimiento de un régimen democrático en Nicaragua, mediante elecciones libres, participativas y transparentes; un sistema de pesos y contrapesos; y de procesos dirigidos a garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Según la CIDH, las manifestaciones «reflejaron espontáneamente el descontento social acumulado a través de los años frente a procesos institucionales que fueron coartando la expresión ciudadana, cooptando instituciones públicas y concentrando los poderes públicos en el Ejecutivo».
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Añade que en el país había «factores como la instalación de facto de un estado de excepción, el quebrantamiento del principio de separación de poderes y la falta de acceso a un sistema de justicia independiente, igualitario y equitativo».
«La respuesta estatal represiva y violenta frente a las protestas y la disidencia continúa hasta la fecha. La CIDH identificó diferentes etapas y niveles de intensidad, que desencadenaron una crisis política, social, económica y de derechos humanos, que sigue profundizándose», destaca.
El organismo ha documentado desde 2018 al menos 355 personas; más de 2 mil heridas; 2,090 personas presas políticas; 322 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad; y más de 3 mil organizaciones de sociedad civil canceladas.
Además, al 31 de marzo de 2023, 36 personas permanecen detenidas arbitrariamente. También se reportan más de 400 despidos de personas trabajadoras de la salud por ejercer su labor o tener una posición crítica al gobierno.
En ese contexto de represión se registra que más de 150 estudiantes fueron expulsados de sus universidades; más de una decena de universidades privadas y centros de estudios han sido cerradas forzadamente con el fin de limitar la libertad académica en todo el país.
«Todas las violaciones a los derechos humanos documentadas desde el 2018 hasta la fecha, se encuentran en total impunidad ante la falta de independencia de los poderes públicos y, en particular, la ausencia de un sistema de justicia imparcial e independiente, lo que mantiene un clima de terror y censura en la población», afirma.
Finalmente la CIDH hizo un llamado a los Estados de la región y a la comunidad internacional a promover el retorno a la democracia y a la plena vigencia del Estado de Derecho en Nicaragua.