El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que tras cinco años de la rebelión cívica del 2018, el régimen de Daniel Ortega ha recrudecido la represión contra opositores.
Asimismo señaló que la administración orteguista, junto a sus operadores, «ha coartado la libertad del pueblo nicaragüense y ha desterrado y despojado de su nacionalidad a más de 316 personas».
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«En abril 2018, el pueblo nicaragüense, su juventud y la mayoría de los sectores del país realizaron una protesta popular legítima y cívica nunca vista en Nicaragua. Frente a esas demostraciones masivas el régimen Ortega Murillo ordenó ir con todo, recetando cárcel, exilio o cementerio, cometiendo, además, crímenes de lesa humanidad que aún siguen en la impunidad», recordó.
Enfatizó que en vez de detener su ola represiva en contra de los nicaragüenses, el dictador Daniel Ortega ha impedido la libertad religiosa y mantiene tras las rejas a más de 40 presos políticos, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa.
Continúan detenciones selectivas
Por otra parte, el organismo indicó que ha recibido información de que en los últimos días ha habido detenciones selectivas, las que «no se han hecho públicas por el temor que viven las familias ante una ola represiva, arbitraria y sin ningún tipo de garantías».
«Estas detenciones siguen el patrón de perseguir a familiares de personas presas políticas, periodistas, opositores, defensores y defensoras de derechos humanos, artistas, personas religiosas y la ciudadanía que opina y quiere una Nicaragua diferente», agregó.
El Colectivo exigió, también, la liberación inmediata de las personas presas políticas, el cese del acoso, asedio e intimidación de sus familiares, ya que afirman que «lo único que piden es su derecho a una verdadera justicia, reparación y no repetición».
Además exigió la derogación de las leyes represivas e inconstitucionales que «quieren hacer callar la voz de un pueblo que continúa en resistencia, para vivir en libertad».
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A la vez demandó el retorno al país de las misiones de la CIDH, el Meseni y la OACNUDH, así como el ingreso del mecanismo del grupo de expertos para Nicaragua de Naciones Unidas con el fin de que realicen el trabajo de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos contra de las y los nicaragüenses.
«Nos unimos al llamado del pueblo nicaragüense que lucha por la justicia y la preservación de la memoria histórica. Llegará el momento de rendir cuentas de todos los crímenes de lesa humanidad que hasta ahora se mantienen en la impunidad», concluyó.
