La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor del obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, quien se encuentra encarcelado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el 19 de agosto de 2022.
El obispo Álvarez fue sustraído de la prisión domiciliar en la que estuvo durante más de seis meses y llevado al penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», en Tipitapa, el nueve de febrero de este año, cuando el purpurado se resistió a ser desterrado por Ortega junto a 222 prisioneros políticos que fueron subidos a un avión y expulsados hacia Estados Unidos.
Horas después, el propio Daniel Ortega descargó una andanada de insultos contra el alto jerarca católico e hizo público que por no aceptar el destierro, Álvarez había sido llevado a La Modelo. Al día siguiente, un magistrado sandinista leyó una sentencia condenatoria contra el obispo. Se le confinaba a 26 años de prisión, inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos y le despojaban de su condición de nacional nicaragüense, según el régimen, por los delitos de conspiración contra la integridad nacional, ciberdelitos y desacato a la autoridad.
Tras enumerar los hechos, la CIDH dictó las medidas cautelares a favor del prelado. «La Comisión Interamericana considera que el presente asunto reúne prima facie (expresión latina que significa “a primera vista”) los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento».
El organismo, en consecuencia, solicitó al Estado de Nicaragua que «adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y
salud de Rolando José Álvarez Lagos» y que «adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos (que) se garantice acceso a atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre su situación de salud; se asegure el acceso a los tratamientos y medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos; y se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes».
En la misma resolución, la CIDH también le solicita al gobierno de Ortega que «concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; e
informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición».
En la misma resolución la CIDH aclara que solicitaron información al Estado nicaragüense sobre la situación del obispo Álvarez, pero que no recibieron respuesta.
Tras la notificación de estas medidas cautelares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dado un plazo de 15 días al Estado para que informe sobre la adopción de las medidas dictadas.
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El pasado 25 de marzo, el régimen sandinista presentó fotografías del obispo Álvarez, en una visita que había sido autorizada a sus hermanos. En las fotos divulgadas se logra ver al prelado sonriente a la lado de sus familiares, pero siempre vigilado por custodios del penal de varones.
«Monseñor Rolando Álvarez recibió la visita de sus hermanos, Vilma y Manuel Antonio Álvarez Lagos, la tarde de este sábado 25 de marzo en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro de Tipitapa», detalla la información escueta que publicaron los portales de la dictadura sandinista.
