El Ministerio de Gobernación (Migob), este viernes, 31 de marzo, le otorgó personalidad jurídica a la Asociación Real Madriz Fútbol Club (ASOREALMA), que según la entidad estatal ha cumplido con los requisitos conforme Ley, para ser legalizada.
La legalización del organismo se ampara en el artículo 10, numeral 4 de la Ley Nº. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro y sus reformas, la Ley Nº. 522, Ley General del Deporte, Educación Física y Recreación Física, que señala que «los Organismos sin fines de lucro deportivos de educación física y de recreación física, y cámaras gremiales, empresariales, deberán convalidar su registro ante la Dirección General de Registro y Control de OSFL a cargo del Ministerio de Gobernación».
La resolución administrativa, publicada en La Gaceta, detalla que se inscribe a la asociación deportiva, otorgándole así el número perpetuo 7047 emitido por la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro, con el cual podrá operar legalmente en el país.
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Además, el Migob señala que la Asociación Real Madriz Fútbol Club «deberá publicar sus estatutos en un plazo máximo de 30 días hábiles, de conformidad los establecido en el artículo 23 de la Ley 1115».
Régimen legaliza a organismos que no representan un «riesgo»
Amuro Ruiz, director de la cancelada Fundación del Río, aseguró que las nuevas personerías jurídicas o convalidaciones que ha otorgado la administración de Daniel Ortega, en su mayoría «han sido a organizaciones deportivas y muy pocas a entidades que trabajan en desarrollo, eso en nuestra interpretación se podría manifestar que estas organizaciones no tienen riesgos, el régimen no las ve como un riesgo, ya sea porque están adscritas a el propio partido, es decir el partido puede controlar estas organizaciones o simplemente no la considera de riesgo para entregar esta personería jurídica o hacer este proceso de convalidación».
Por su parte, el abogado defensor Pablo Cuevas señaló que «es una característica de la dictadura premiar o castigar», en referencia a que a ciertas organizaciones el régimen de Ortega les autoriza operar en el país y a otras las ilegaliza y las confisca.
«Castiga a quienes no le rinden pleitesía, a quienes no le son fieles, a quienes le señalan, a quienes le critican, a quienes no le obedecen, a quienes no se suman a la comparsa que a ellos le gusta, por ejemplo a nosotros los defensores de derechos humanos (que) no hemos sido parte de la comparsa de ellos, (…) entonces ¿qué pasa?, nos castigan, nos señalan y nos persiguen, igual a las organizaciones en las que trabajamos», precisó Cuevas.
«Existen otras organizaciones que han sido cómplices de la dictadura, o han sido tímidos en sus señalamientos o han sido parte de la situación abusiva de la persecución. A esos organismos el régimen los trata con mano de seda, los protege y muchas veces hasta los financia», subrayó.
Agregó que «tengo conocimiento que incluso les está dando personerías jurídicas a otras ONG, pero estamos hablando que son parte de ellos, son satélites del régimen y todo lo que hagan lo van hacer en torno a las conveniencias del régimen».
Pablo Cuevas, desde exilio, reiteró que la dictadura orteguista «castiga o premia a las ONG según el comportamiento frente al gobierno».
Por otra parte, una investigación de Divergentes, reveló que los equipos de Jalapa ART, CD Ocotal y Real Madriz FC son financiados con partidas de las municipalidades de Jalapa, Ocotal y Madriz.
El equipo periodístico «logró conversar con jugadores y directivos que confirmaron que los clubes son pagados con dinero público», se lee en el artículo.
Además, detallaron que la Alcaldía de Managua, controlada por su secretario, Fidel Moreno, «ha desembolsado al menos 14 millones de córdobas del erario para financiar un proyecto que parece un capricho de Moreno: la Liga Primera de Fútbol, creada en 2016 con la justificación de profesionalizar el deporte en el país, pero que se ha convertido en un organismo ineficiente, nada rentable y cuya principal característica es la fuga de dinero público para sostenerlo».