Este jueves la Corte Suprema de Justicia anunció el cierre del Centro de Mediación y Arbitraje «Antonio Leiva Pérez», perteneciente a la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), entidad que el pasado 14 de marzo, quedó sin personalidad jurídica por ordenes del Ministerio de Gobernación (Migob).
Como parte de la más reciente arremetida en contra de la empresa privada con la suspensión de la personería jurídica al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y de 18 cámaras sectoriales que lo integraban, el poder judicial revocó la acreditación del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN).
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) señala que, la «Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac) no tiene responsabilidad alguna respecto de la prestación de los servicios que brindó/a el Centro de Mediación y Arbitraje Antonio Leiva Pérez, de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, ni en torno a sus relaciones con terceras personas o usuarias que requirieran alguno de sus servicios», por lo que se despojan de cualquier responsabilidad y proceso que afecte a empresas o particulares.
La CCSN inauguró el Centro de mediación en 2006, cuando José Adán Aguerri era presidente de esa organización. Durante ese mismo año firmaron un convenio para ser la sede nacional de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). El centro resolvía conflictos nacionales e internacionales y utilizaba equipos de alta tecnología en beneficio de sus aliados empresariales.
Para efectos de la cancelación del centro, la CSJ estableció en La Gaceta que, «el Ministerio de Gobernación al cancelar la personalidad jurídica de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua por Acuerdo Ministerial No. 27-2023 OFSL publicada a través de La Gaceta Diario Oficial No. 41 del seis de marzo de dos mil veintitrés, tuvo como consecuencia lógica y jurídica que la entidad afectada pierda su existencia jurídica, y queda sin efecto y valor legal todo su actuar».
El seis de marzo de 2023, el régimen le dio la «estocada final» a la inexistente relación que mantenía con el Cosep que se vio fracturada hace cinco años. En un hecho sin precedentes, el Ministerio de Gobernación (Migob) arrebató la personalidad jurídica a la patronal y a sus 18 cámaras, apenas un mes atrás también aniquiló la Asociación de Bancos, otra de las gremiales del empresariado.
La administración orteguista señala a las entidades ligadas al gremio empresarial privado de Nicaragua de «no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos». Sin embargo, antes de abril de 2018 el régimen defendió la alianza que sostuvo con la empresa privada.
Esa «alianza» con el régimen les permitía nominar a empresarios a cargos públicos, la creación de leyes a su favor, la exoneración y exención de impuestos, entre otros muchos beneficios que aprovecharon por más de una década.