Tres integrantes de la Red Incidamos, que agrupa a líderes políticos y de la sociedad civil de América Latina, entregaron una carta en la embajada de Nicaragua en Colombia donde exigen el cese de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En la misiva solicitan la liberación de los presos políticos, la restitución de la nacionalidad a los declarados apátridas y la restitución del orden democrático.
Paula Holguín, senadora colombiana e integrante de la Red, elevó un llamado al régimen de Ortega para que libere a los presos políticos y «que se devuelva la ciudadanía a tantos ciudadanos que la han perdido en una grave violación al derecho internacional y, además, para que se restaure la democracia y las libertades en ese país».
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Jesús Magaña, líder de Unidos por la Vida, afirmó que es muy importante pedir al «Gobierno de Nicaragua» que respete los derechos humanos de sus ciudadanos. «Exigimos particularmente la liberación de más de 40 presos políticos que siguen ahí en las cárceles de Nicaragua, especial de monseñor Rolando Álvarez», manifestó.
El político colombiano explicó que el encarcelamiento del obispo de la Diócesis de Matagalpa es injusto e indicó que está preso en una cárcel de «máxima seguridad por el solo hecho de anunciar el Evangelio».
Los miembros de la organización esperan que su demanda sea escuchada y llegue a la dictadura de Nicaragua. Además, recibir una respuesta oficial de la sede diplomática de Nicaragua en el país suramericano.
La Red Incidamos está conformada por seis países, diplomáticos, senadores y diputados. Se unieron para defender la democracia, la libertad y el orden del estado de derecho de los países de América Latina.
El pasado 26 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un fuerte y contundente comunicado de «repulsión» contra las medidas «arbitrarias» ejecutadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La declaración oficial se refiere a los recientes sucesos de quitar la nacionalidad nicaragüense a 317 personas, entre ellas académicos, periodistas, activistas, opositores, defensores de derechos humanos y sacerdotes.
La Cancillería colombiana señala que las acciones del régimen fueron en contra de «ciudadanos de su país cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales. También, ofrece la nacionalidad de ese país a los expatriados por Ortega y Murillo.
Colombia afirma que dichas violaciones a los derechos de los nicaragüenses deben ser conocidas por la Corte Penal Internacional (CPI) e hizo un llamado al Fiscal del CPI para que tome «cartas en tan alarmante asunto».
