El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un fuerte y contundente comunicado de «repulsión» contra las medidas «arbitrarias» ejecutadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La declaración oficial se refiere a los recientes sucesos de quitar la nacionalidad nicaragüense a 317 personas, entre ellas académicos, periodistas, activistas, opositores, defensores de derechos humanos y sacerdotes.
La Cancillería colombiana señala que las acciones del régimen fueron en contra «ciudadanos de su país cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales. También, ofrece la nacionalidad de ese país a los expatriados por Ortega y Murillo.
El país suramericano «rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza que el sandinismo logró superar».
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«Tras haber exiliado de manera sorpresiva e inhumana a conciudadanos suyos, algunos reconocidos por sus luchas por la comunidad internacional, todo ello haciendo uso de vulgares medidas de policía, queda en la sagrada tierra nica quien logró señalar que afuera nunca. Así las cosas, el señor obispo de Matagalpa y (administrador apostólico de) Estelí, monseñor Rolando Álvarez, rehusó salir del país», afirma el comunicado del Gobierno de Gustavo Petro.
La declaración destaca que la decisión de no ser desterrado de Nicaragua, del obispo Álvarez, es una «lección para el mundo y para el actual jefe de gobierno de Nicaragua». Además la calificó como una «patriótica decisión», que fue respondida con una condena de 26 años de cárcel y el despojo de su nacionalidad.
Llama a la comunidad internacional a actuar
El Gobierno de Petro eleva un llamado urgente a la comunidad internacional a que reaccione ante la deriva autoritaria del régimen de Nicaragua contra su propio pueblo.
«El autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república ha infringido normas ius cogens. Aquellas de las cuales se ha definido que son imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia», señala.
Ante este escenario dictatorial en el país centroamericano, Colombia afirma que dichas violaciones a los derechos de los nicaragüenses deben ser conocidas por la Corte Penal Internacional (CPI) e hizo un llamado al Fiscal del CPI para que tome «cartas en tan alarmante asunto»
Además, pidió a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, que solicite autorización para visitar a los 35 presos políticos que Ortega mantiene en sus cárceles. «El Derecho internacional Humanitario los cobija. Acreedores se han hecho del derecho internacional general», asegura la declaración colombiana.
Por otra parte, la Cancillería de Colombia busca entrar en contacto con «quienes habiendo sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua, quisieran acceder a la nacionalidad colombiana. Mucho nos honrarían», afirman.
