Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, adscritos a la Organización de Naciones Unidas (ONU), y Angela Buitrago, comparecieron la tarde de este sábado en conferencia de prensa en San José, Costa Rica para referirse al reciente informe en el que se acusó al régimen de Nicaragua de «crímenes de lesa humanidad».
A la pregunta de Artículo 66 acerca sobre qué pasos se deben de seguir luego del informe, Buitrago indicó que la comunidad internacional «puede ejercer lo que se llama principio de protección, para evitar que se sigan cometiendo delitos de lesa humanidad como fue verificado en la investigación y como se logró demostrar».
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«Los pasos que quedan por hacer es que la comunidad internacional tome acciones y esas acciones sean directamente efectivas para promover acciones de investigación y sanción con respecto a las personas que han cometido estos hechos», manifestó la también exfiscal colombiana.
En cuanto a las sanciones que pueden ser objeto los dictadores Daniel Ortega y Rosario, la experta dijo que serán identificadas las acciones de los mandatarios nicaragüenses «para determinar la responsabilidad en esta cadena de crímenes de lesa humanidad, así que las sanciones son permisibles».
Ortega y Murillo pueden ser acusados ante la Corte Penal Internacional
Por su parte Jan Simon, afirmó que al haber concluido que el Estado de Nicaragua pueda estar violando la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, «cualquier país que sea parte de la Convención puede demandar a Nicaragua frente a la Corte Internacional de Justicia».
En cuanto a la responsabilidad penal del régimen de Ortega, y sabiendo que Nicaragua no es parte del Convenio del Estatuto de Roma, el presidente del Ghren dijo que «existe varias posibilidades de abrir la jurisdicción de la Corte Penal Internacional».
Una de las maneras de acusar penalmente a Ortega y Murillo, según Simon, es de forma retroactiva, «una vez que haya un cambio de gobierno en Nicaragua se puede remitir el caso a la Corte (…) y esto es un punto que todos los violadores a los derechos humanos que están en funciones como jefes de estado deben de tomar en cuenta».
Expertos investigarían actos de corrupción del régimen de Ortega
Referente a la solicitud de defensores de derechos humanos de extenderles el mandato a los expertos, Jan Simon explicó que el mismo sería renovado el próximo cuatro de abril al cierre de la sesión 52 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
«La renovación del mandato significará que nos dará la posibilidad de continuar con un mandato que es particularmente amplio en comparación con otros mandatos que se han otorgados en el marco del Consejo de los derechos humanos», refirió.
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De igual manera dijo que de seguir trabajando, estarían profundizando sus líneas de investigación en lo pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, así como tener la posibilidad de ver las implicaciones económicas y de corrupción que se ha visto inmerso el régimen Ortega.
Además se estaría profundizando en la investigación de los diferentes mandos del gobierno de Nicaragua que se han visto implicados en las violaciones detectadas.
«Todas las instituciones del Estado de Nicaragua que puedan estar involucradas —en actos de corrupción y violaciones a derechos humanos van a ser parte de la investigación», remarcó.
Una vez más Simon insistió en que Nicaragua está «en la mira y la atención de la comunidad internacional por el simple hecho de que la comunidad internacional concretizada en el Consejo de de Derechos humanos ha tomado la posición de decidir que un mecanismo como este —Ghren, por sus siglas en inglés)— existiera».
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Por otra parte, los expertos aseveraron que las consecuencias que conlleva las acciones represivas del régimen se pueden percibir por las decisiones que ha tomado el Estado de manera arbitraria, «no solamente privando de la nacionalidad a las personas, sino convirtiéndolas en apátridas (..) situación que es muy dramática para las personas afectadas, porque quedan en un limbo y no tengan posibilidad de moverse en ninguna condición», apuntó Angela Buitrago.
A su vez Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más subrayó que «el tiempo de rendir cuenta —para Ortega y Murillo— va a llegar y en ese sentido, el Grupo de Experto es una contribución a la demanda de justicia y verdad», además llamó a las víctimas a acercarse a los defensores de derechos humanos para que se documente las violaciones a sus derechos.
