La Coalición de Nicaragua Lucha, conformada por 20 organizaciones de la sociedad, estuvieron presentes en la 52 sesiones del Consejo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) donde expertos en derechos humanos de esa organización presentaron un informe con documentación, testimonios, denuncias, sobre todo lo ocurrido desde incluso antes del 2018.
Al evento celebrado en la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra, participaron en representación de la Coalición, el defensor de derechos humanos e integrante del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Juan Carlos Arce, y Lizeth Dávila, de la Asociación Madres de Abril.
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Nicaragua Lucha también refiere un informe donde resume la crisis social y política que recrudeció en abril de 2018, cuyas consecuencias sociales, económicas e institucionales permanecen y tienden a agravarse.
«La tardía respuesta del Gobierno en apagar el incendio de la Reserva Indio Maíz que comenzó el 3 de abril de 2018 y provocó la indignación de ecologistas y estudiantes universitarios/as; una serie de reformas al Sistema de Seguridad Social, impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional y que implicaba la vulneración de derechos humanos de personas trabajadoras y jubiladas», recordaron los defensores sobre el inicio de las protestas.
«El cierre de espacios de participación y la política de obligar a estudiantes universitarios a participar de actividades progubernamentales provocaron protestas sociales masivas en distintas localidades del país, que fueron ferozmente reprimidas por agentes estatales, fuerzas de choque promovieron y grupos armados paraestatales, mediante el uso desproporcionado de la fuerza, utilizando armas letales; con un saldo de centenares de personas muertas, heridas, detenidas, torturadas y criminalizadas», puntualizaron la Coalición .
Denunciaron además que estos hechos no han sido debidamente investigados y sancionados por el Estado, «generando así un clima de impunidad que promueve que sigan ocurriendo, sin prácticamente ningún tipo de consecuencias para los/as perpetradores/as. En ese contexto, más de 100 mil nicaragüenses se exiliaron, la mayoría en Costa Rica».
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Remarcaron el excesivo uso de la fuerza pública ejercido por la Policía orteguista que se encarga de reprimir protestas sociales; el allanamiento, clausura y censura de medios de comunicación independientes; «así como la injerencia y el control del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos del Estado».
«La imposición del estado policial de excepción, que mantiene cerrados los espacios de participación democrática y restringe seriamente las libertades públicas, ha generado profundas huellas de dolor e indignación en las víctimas, sus familiares y en el conjunto de la sociedad, que se entrelazan con aquellas dejadas por enfrentamientos previos, y han producido el distanciamiento y la desconfianza de amplios sectores de la población con las instituciones del Estado», resaltaron.
Informe de la ONU «confirma las violaciones perpetradas» por Ortega
En cuanto al informe presentado por el grupo expertos de la ONU, donde acusan al régimen de Nicaragua de «crímenes de lesa humanidad», el defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce dijo que esto confirma «las sistemáticas violaciones perpetradas por el Estado de Nicaragua».
Agregó que la presentación evidenció «cómo se desmanteló y se usaron las instituciones del Estado para perseguir, torturar y cometer violaciones de derechos humanos que en el marco del Derecho Internacional son crímenes de lesa humanidad».
«Es un informe que conmueve, que preocupa y es un informe que debe de llamar a la comunidad internacional a la acción, porque lo que está pasando en Nicaragua no debe y no puede ser permitido; es una situación de muchísima gravedad (…) Desde la Coalición Nicaragua Lucha demandamos a la comunidad acciones más concretas en relación a lo que está pasando en Nicaragua», agregó Arce.
Por su parte, Lizeth Dávila, madre de Alvarito Conrado —primer adolescente asesinado en las protestas sociales de 2018— e integrante de de la Asociación Madre de Abril dijo que como Coalición Nicaragua Lucha siguen uniendo «lucha contra los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado y la impunidad».
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Indicó que como Coalición documentan las violaciones de derechos humanos desde hace más de cuatro años «y elaboramos conjuntamente el informe de la verdad, dictadura y represión en Nicaragua, lucha contra la impunidad, documento histórico que comprueba y visibiliza la grave situación que atraviesa Nicaragua».
El grupo de expertos es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas violentamente reprimidas con un saldo de 355 muertos y cientos de detenidos.
El próximo lunes, seis de marzo en Ginebra, los expertos presentarán el informe completo sobre la grave situación de derechos humanos de Nicaragua y mañana jueves, la ONU presentará una resolución sobre Nicaragua.
El grupo de expertos es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas violentamente reprimidas con un saldo de 355 muertos y cientos de detenidos.