La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó este 16 de marzo la destitución de Lorena del Carmen Martínez como embajadora de Nicaragua ante Brasil. La decisión del régimen se da luego de que el país sudamericano ofreciera la nacionalidad brasileña a los 317 nicaragüenses que fueron declarados apátridas.
Mediante el acuerdo presidencial 23-2023, publicado en La Gaceta, la dictadura deja «sin efecto el nombramiento» de Martínez como «embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República Federativa del Brasil».
La exembajadora estaba en ese puesto diplomático desde el 10 de julio de 2013, según la publicación 142-2013 de diario oficial de Brasil, mismo que fue dejado sin efecto este día.
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Por su parte, la administración orteguista decidió dejar a su delegación diplomática en Brasil sin su máximo representante y reducir las relaciones bilaterales a un «ministro consejero con funciones consulares».
El acuerdo ministerial 11-2023, del Ministerio de Relaciones Exteriores, nombra a Gadiel Osmani Arce Zepeda en el cargo de ministro consejero en la embajada nicaragüense en ese país.
Cabe mencionar, que el régimen de Ortega Murillo realizó el mismo movimiento diplomático en Panamá ayer, 15 marzo. El país canalero también ofreció la nacionalidad a los nicaragüenses declarados apátridas.
El pasado siete de marzo, el embajador permanente de Brasil ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tovar da Silva Nunes, informó que el país sudamericano se dispone a ofrecer la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses expatriados, y a apoyar un diálogo como una manera constructiva de resolver la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua.
Brasil «está dispuesto a explorar la manera en que esta situación podría tratarse de manera constructiva en un diálogo con el gobierno de Nicaragua y todos los actores pertinentes. El gobierno de Brasil también recibió con profunda preocupación la decisión de las autoridades nicaragüense de privar de su nacionalidad a más de trescientos nicaragüenses», sostuvo en su intervención el representante brasileño ante el Consejo de DD.HH. de la ONU.
«Reafirmando su compromiso humanitario con la protección de los apátridas y la reducción de la apatridia, el gobierno brasileño se pone a disposición para acoger a los afectados, bajo estatuto especial previsto en nuestra ley de migración», agregó.
Además, da Silva aseguró que «el gobierno brasileño sigue con gran preocupación las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y restricciones al espacio democrático en dicho país, en particular ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y tortura a disidentes políticos».
Al igual que Brasil, los gobiernos de Panamá, España, Argentina, Chile, México, Colombia y Ecuador han ofrecido la nacionalidad a los nicaragüenses expatriados por el régimen de Managua.
