Gabriel López del Carmen: «Un mes ya caminando sin toparme con una pared a los cuantos pasos»

El excarcelado político Gabriel López del Carmen recordó la situación de tortura que vivió en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como «El Chipote», y agradeció a quienes lucharon por la libertad de los rehenes de Daniel Ortega que, este nueve de marzo, cumplen un mes de haber sido liberados por la dictadura y enviados al destierro.

«Un día como hoy a esta hora estaba siendo despojado de mi atuendo de reo y siendo vestido con mis atuendos de libertad. No sabía adónde íbamos ni qué pasaría, ¿íbamos a morir o vivir?. Horas después desde la ventana de un avión Dios nos permitió ver el sol de libertad», refirió el hijo de la activista y miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Andrea Margarita del Carmen.

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«Un mes ya respirando libertad. Viendo el cielo despejado. Caminando sin toparme con una pared a los cuantos pasos. Abrazando en la distancia a quienes amo. Han pasado años en pocos días, y aún no termino, ni creo que lo haga nunca, de agradecerles y apreciarles tanto», continuó expresando López.

El joven, de 34 años, fue parte de un grupo de nueve personas que fue capturado por la Policía del régimen en las primeras semanas del mes de septiembre, dichas detenciones las dirigieron contra familiares de opositores que no se encontraban en Nicaragua y sus parientes fueron tomados como rehenes para que se entregaran. López del Carmen fue encarcelado en lugar de su mamá.

Madre e hijo fueron acusados de cometer menoscabo a la integridad nacional, señalamiento que la miembro de Unamos asegura se debe a la prohibición que existe en el país de expresarse, usar la libertad de palabra y organizarse.

Durante la cacería contra familiares de presos políticos también fue encarcelado el administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, Rolando Álvarez, quien se negó a ser parte del grupo de presos políticos liberados y enviados a Estados Unidos por el régimen de Daniel Ortega. Desde su violenta captura, el 19 de agosto de 2021, el obispo Álvarez permaneció en la vivienda de su familia en Managua y actualmente se presume que se encuentra en el sistema penitenciario «La Modelo», en Tipitapa.

Después de resistirse a ser desterrado, el obispo fue llevado a los Juzgados de Managua donde lo sometieron a un juicio sumario exprés. Ese mismo día, el 10 de febrero, fue declarado culpable, lo condenaron a 26 años de cárcel, le arrebataron su nacionalidad y lo despojaron de sus derechos civiles y políticos de por vida.

Luego de esta acción contra la iglesia católica, la dictadura Ortega-Murillo también arrebató la nacionalidad a 94 nicaragüenses, entre ellos también religiosos, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas. Además de declararlos apátridas, Ortega también confiscó sus bienes.