En ocasión al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy ocho de marzo, el Colectivo de Derechos Humanos exigió al régimen de Nicaragua «políticas públicas que acaben con la violencia estructural contra las mujeres».
Asimismo demandó el cese de la violencia «utilizada como método de tortura en el sistema carcelario del país» y la liberación inmediata de Martha Candelaria Rivas Hernández, la única mujer presa política en Nicaragua.
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«Pedimos justicia porque las nicaragüenses merecen vivir seguras, libres de violencia y sin discriminación (…) En el Día Internacional de la Mujer nos solidarizamos con las madres y abuelas que murieron esperando justicia por sus familiares asesinados o presos políticos», remarcó el organismo.
El Colectivo también denunció las sistemáticas violaciones a los derechos de la mujer nicaragüense, en particular el despojo de la nacionalidad, destierro y confiscación que viven exreas políticas, opositoras y activistas feministas.
Además recordó que tras casi cinco años de la represión ejecutada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en abril de 2018, «no han cesado las violaciones a derechos humanos contra un pueblo que denuncia la impunidad y exige justicia».
«Madres, hijas, hermanas y más mujeres continúan alzando su voz, denunciando los atropellos, varias de ellas desde un exilio y destierro forzado», agregan los defensores de derechos humanos.
Crímenes en la impunidad
En cuanto a los crímenes en contra de la mujer, el Colectivo de Derechos Humanos señaló que durante el 2022 en Nicaragua se registró al menos 68 muertes violentas de mujeres, «27 quedaron en la impunidad, según denuncia (de la organización) Católicas por el Derecho a Decidir, que hasta marzo de 2023 señaló que han ocurrido ocho femicidios más».
A su vez indicó que la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) registró en 2022 al menos 11 mujeres nicaragüenses víctimas de violencias en sus procesos migratorios y para enero 2023 contabilizaron cinco casos más.
Ortega ilegalizó a organizaciones que defienden derechos de la mujer
Por otra parte, la organización recordó que la dictadura de Nicaragua ilegalizó y ha venido ilegalizando a organizaciones de la sociedad civil que defendían los derechos de la mujer.
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«La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos señaló que en 2022 de las más de tres mil organizaciones a la cuales les han cancelado su personalidad jurídica, al menos 180 atendían a mujeres nicaragüenses».
«A esta situación se suma la prohibición del aborto terapéutico, poniendo en riesgo a mujeres y niñas, incluidas víctimas de violencia sexual, al obligarlas a continuar con embarazos no deseados y de alto riesgo», enfatizó.
Referente a la protección de la mujer por parte del Estado, el Colectivo dijo que existe una evidente ineficiencia del sistema de justicia del país. «La situación jurídica se agrava al constatar la inefectividad de las comisarías de la mujer y de la Policía en general que no investiga ni brinda protección a las víctimas de abusos y violaciones dedicándose a perseguir, acosar y reprimir a la ciudadanía», denunció.
Desde el 2018, la violencia contra la mujer se ha recrudecido, son numerosas las denuncias de los abusos cometidos tanto por parejas, desconocidos hasta por las mismas instituciones del Estado, que violenta los derechos de las mujeres, cuyos delitos siguen en la impunidad. Solo el 2022 cerró con casi 70 femicidios, según Católicas por el Derecho a Decidir y este 2023, ya van ocho.
