El régimen de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), canceló este martes siete de febrero, la personalidad jurídica de la Universidad Católica Juan Pablo II y sus sedes ubicadas en Managua, Chontales, Matagalpa y Granada.
De igual manera ilegalizó a la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) y sus sedes ubicadas en León, Chinandega, Estelí, Juigalpa, en Chontales; Masaya y Matagalpa. Esa casa de estudio también es de orden católico.
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Según el Acuerdo Ministerial No. 28-2023-OSFL, publicado en La Gaceta, diario oficial y firmado por la ministra de Gobernación María Amelia Coronel Kinloch, la ilegalización de ambas casas de estudios superiores se debe a que supuestamente incumplieron «las Leyes que las regulan».
Asevera que ambas alma máter están en incumplimiento de sus obligaciones conforme a la Ley ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU), el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y el Ministerio de Gobernación (MIGOB).
La Universidad Juan Pablo II era dirigida por el padre Ramiro Tijerino, sacerdote de Matagalpa que fue desterrado a Estados Unidos por el régimen de Nicaragua, el nueve de febrero, junto a 221 presos políticos. El religioso pasó varios meses detenido en «El Chipote» desde que fue capturado por la Policía el 19 de agosto de 2021.
Asimismo, las señalan de no estar acreditadas en los indicadores de calidad, no reportar sus estados financieros y juntas directivas; no presentar aclaraciones sobre el patrimonio, activos fijos, ingresos, egresos, ejecución de fondos; aumentos y disminución en cuentas sin justificar, conforme lo establecido en la Ley No. 1115 «Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro» y Ley No. 704 «Ley Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación».
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Otros de los señalamientos que hace el régimen de Ortega para descabezar a las dos universidades religiosas es que se les dio prorroga desde el 13 de enero del 2022, «para que se pusieran al día conforme Ley» y no habrían cumplido lo requerido.
Sin embargo afirma que las mismas hicieron «caso omiso, ya que no cumplieron con sus obligaciones conforme lo establecido en el artículo 34 numerales 3, 7, 24, 25, 26, 26.1, 26.3 y 27 de la Ley Nº. 1115, al no reportar por más de dos años sus estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de Comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final)».
Cáritas, el brazo social de la Iglesia
Las trabas interminables que la dictadura de Nicaragua impuso a Cáritas de Nicaragua y a la Asociación Cáritas Diocesana de Jinotega obligó que las autoridades de dichas organizaciones benéficas de la Iglesia católica solicitaran su disolución, según dos Acuerdos Ministeriales No. 29 y 30 del Migob, publicados en La Gaceta.
Los documentos oficiales señalan que la titular de Gobernación autorizó la solicitud de la Asamblea de Miembros de Cáritas Nicaragua y de Jinotega de disolver dichas organizaciones no gubernamentales. El cierre de la sede de Cáritas en Jinotega fue aprobada el 20 de diciembre de 2022 y el de Cáritas Nicaragua fue el 31 de enero de este año.
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A inicios de febrero se conoció que Cáritas Jinotega, a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) monseñor Carlos Herrera, cesaría sus operaciones debido a que el Ministerio de Gobernación le negó el aval para recibir apoyo de organismos donantes.
La entidad ayudaba con bancos de alimentos para los pobres, solventaban los costos de viajes al médico de personas con enfermedades terminales, regalaban muletas y prótesis a personas que lo necesitaban, proveía medicamentos a bajos costos en coordinación con el Instituto Juan XXIII y otras obras de caridad que la población solicitaba en la sede de Cáritas ubicada en la ciudad de las Brumas.
En 2019, tras la revuelta social de abril de 2018, monseñor Herrera denunció que el régimen de Daniel Ortega bloqueó el ingreso de las donaciones internacionales canalizadas a través de Cáritas, incluido el vino para consagrar, el que se usa en las eucaristías.
La relación del régimen con la Iglesia católica se vio fracturada cuando los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) mediaron un fallido Diálogo Nacional en 2018. Ortega acusó a los obispos de «golpistas» porque le «leyeron la cartilla», una hoja de ruta que proponía la renuncia del caudillo sandinista y la celebración de nuevas elecciones presidenciales como salida a la crisis sociopolítica.
El dos de febrero de 2022 el régimen ordenó cancelar la personalidad jurídica a un grupo de ONG pertenecientes a la Diócesis de Estelí, entre ellas Cáritas Diocesanas, el brazo social de la Iglesia en ese departamento.
Con tal que haya paz los curas sancionados no por cura sino por conspirar