El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo rechazó una vez más un informe de la Organización de Naciones Unidas que lo señala de cometer crímenes de lesa humanidad. Esta conclusión la presentó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos que investigó los crímenes cometidos en Nicaragua desde las protestas sociales de 2018.
El grupo de la ONU determinó que el régimen Ortega-Murillo ha cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos que constituyen «crímenes de lesa humanidad», e instó a la comunidad internacional a actuar ante estos sucesos.
La procuradora general de la República, Wendy Morales Urbina, tomó la palabra de forma virtual en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para expresar que el mecanismo de actualización oral de la situación de Nicaragua es «malicioso y persistente».
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«La única finalidad (del informe) es lesionar nuestra soberanía e independencia. Ya hemos denunciado y no nos cansaremos de seguir haciéndolo sobre la lesiva actuación de los informes que este mecanismo prepara sobre los derechos humanos de nuestro país, con información parcial, sesgada y subjetiva que solo busca desvirtuar nuestro propósito de alcanzar a plenitud el bien común y la paz para nuestra nación», dijo Morales.
«Esta actualización continúa siendo infundada, con insumos tomados de determinados grupos, que mediante un guion pretende manipular la realidad de nuestro país al querer imponernos intereses económicos de algunos países imperialistas que insisten en menospreciarnos y agredirnos para mantener su posición intervencionista», añadió.
El informe del grupo de expertos señala que los abusos incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, — incluida la violencia sexual —, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país, y persecución por motivos políticos.
El informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El régimen obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes, señalaron los expertos.
La abogada del Estado nicaragüense afirmó que no acepta que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos Humanos (OACNUDH), continúe actuando con un «claro sesgo político y falta de objetividad» porque, según ella, eso «violenta los principios de igualdad entre los países».
«Reclamamos a este organismo que retome los principios por los cuales fue creado que es incentivar la protección real, igualitaria y eficaz de los derechos humanos para todos por igual, sin ninguna discriminación ni distinción alguna en el marco de respeto a nuestra identidad, a nuestra dignidad, a nuestra idiosincrasia y más aún a nuestra soberanía», lanzó la funcionaria orteguista.
«Es necesario que este foro se modere de sus responsabilidades, que reconozca y respete los derechos de los pueblos del mundo a tomar sus propias decisiones y a vivir en paz con soberanía y consideración humana», concluyó Morales.
Típica reacción de los criminales cuando pretenden negar sus crímenes cuando son enfrentados a la.justicia.