Piden al alto comisionado de la ONU prorrogar investigación contra el «gobierno de facto» de Ortega

Delegaciones pertenecientes al Colectivo 46/2 solicitaron al alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) que renueve por dos años el mandato del Grupo de Expertos de Derechos Humanos para que investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el «gobierno de facto» de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«La instalación de este gobierno de facto ha desembocado en la erosión de la calidad de vida de las y los nicaragüenses en todas sus dimensiones, con altos niveles de impunidad de la violencia contra las mujeres y una corrupción generalizada que atropella y condiciona el acceso a otros derechos como salud, educación y trabajo. Por eso, instamos a este Consejo a que apruebe una extensión de ambos mandatos por dos años, para que continúen investigando los crímenes de Estado», expresó Olga Valle, directora de Urnas Abiertas durante su intervención en el Diálogo Interactivo con el alto comisionado de la ONU.

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La delegación representante del país centroamericano hizo énfasis en el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, el drástico cierre del espacio de la sociedad civil y la falta de cooperación del gobierno con los mecanismos internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, consideran que «es necesario un mayor escrutinio internacional para proteger los derechos de la población nicaragüense».

Ante las violaciones de derechos humanos de parte del régimen, afirman que, el trabajo del Grupo de Expertos y de la oficina del alto comisionado sigue siendo crucial para llamar la atención internacional sobre la crisis con miras a apoyar futuros esfuerzos de rendición de cuentas y garantizar que se sigan visibilizando los abusos cometidos en Nicaragua.

«La sociedad nicaragüense ha buscado en el proceso electoral una vía para iniciar una transición democrática con justicia y sin impunidad. Sin embargo, los procesos electorales de 2021 y 2022 se caracterizaron, como lo documentó la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH), por graves violaciones a los derechos civiles y políticos, impidiendo la garantía de elecciones libres, justas y transparentes», recalcó la representante de Urnas Abiertas durante su intervención en el plenario.

El grupo de expertos es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas violentamente reprimidas con un saldo de 355 muertos y cientos de detenidos.

Este dos de marzo, el grupo presentó un informe en el que establecen que, en el país centroamericano, «se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos».

Ante esto, los expertos recomiendan «iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna, así como ampliar sanciones contra individuos e instituciones que hayan cometido crímenes en el derecho internacional».