Los diputados del Partido Popular de España solicitaron ante el Senado que el Gobierno de Pedro Sánchez impulse la expulsión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, conocido como AdA, como medida de presión contra el régimen de Daniel Ortega.
También proponen la intensificación de las sanciones individuales, el impedimento de ingreso al territorio europeo a funcionarios de la dictadura y la congelación de bienes como medidas que permitan poner fin a la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua.
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El observatorio ciudadano Urnas Abiertas pedirá a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que renueve el mandato del Grupo de Expertos Independientes (GHREN) «para que continúen investigando los crímenes de Estado del régimen» de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
La demanda la harán en el marco de la presente sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Organizaciones nacionales e internacionales esperan que durante los primeros días del mes de abril se apruebe la resolución para extender el mandato de los expertos independientes.
La Arquidiócesis de Managua, a cargo del cardenal Leopoldo Brenes Solórzano, envió sus saludos y oraciones a los periodistas nicaragüenses que hoy conmemoran su Día Nacional.
El mensaje del arzobispado retoma las palabras del papa Francisco durante la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2023 que cita: «En un periodo histórico marcado por polarizaciones y contraposiciones – de las que, lamentablemente, la comunidad eclesial no es inmune -, el compromiso por una comunicación “con el corazón y con los brazos abiertos” no concierne exclusivamente a los profesionales de la información, sino que es responsabilidad de cada uno. Todos estamos llamados a buscar y a decir la verdad, y a hacerlo con caridad».
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que las personas naturales o jurídicas que se encuentren viviendo o usando las propiedades confiscadas de algunos nicaragüenses desterrados, deberán presentarse a las oficinas de este órgano para «formalizar su estatus ocupacional».
Las propiedades confiscadas que menciona la PGR obedecerían a las viviendas que se encuentran en el condominio Amazonia, en Managua, donde vivían la periodista Sofía Montenegro y la opositora Azahálea Solís, dos de los 94 nicaragüenses desterrados el 15 de febrero pasado.
Aunque los funcionarios llegaron a ese residencial para robarse las propiedades de estas dos opositoras, autoridades de la Intendencia de la Propiedad notificaron a otro grupo de habitantes —ajenos a la causa— que sus casas también serían ocupadas, porque fueron declaradas propiedad del Estado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ofreció la nacionalidad a los ciudadanos que han sido declarados apátridas por el Gobierno de Nicaragua.
A través de un comunicado, la Cancillería indicó que «considerará todas las solicitudes que se hagan a su país», en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Convenciones en materia de Apatridia y demás instrumentos jurídicos relacionados.
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De esta manera, el gobierno de Laurentino Cortizo da respuesta a más de 300 ciudadanos que han sido despojados de su nacionalidad por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades nicaragüenses a «garantizar el derecho insoslayable de las personas a mantener una nacionalidad».
Este primero de marzo se conmemora el Día Nacional del Periodista en Nicaragua.
Con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el gremio ha sufrido desde la pérdida de la libertad hasta la nacionalidad y sus bienes. La feroz represión encuentra a los comunicadores, este día, en las peores condiciones del ejercicio, que recuerden.
De acuerdo a la organización Voces del Sur, solo en el 2022 se reportó más de 700 ataques a la prensa, perpetrados principalmente por el Estado. 93 periodistas se vieron obligados a salir de Nicaragua al exilio por las constantes amenazas de cárcel y a su integridad física.