La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que las personas naturales o jurídicas que se encuentren viviendo o usando las propiedades confiscadas de algunos nicaragüenses desterrados, deberán presentarse a las oficinas de este órgano para “formalizar” su “estatus ocupacional”.
Las propiedades confiscadas que menciona la PGR obedecerían a las viviendas que se encuentran en el condominio Amazonia, en Managua, donde vivían la periodista Sofía Montenegro y la opositora Azahálea Solís, dos de los 94 nicaragüenses desterrados el 15 de febrero pasado.
Aunque los funcionarios llegaron a ese residencial para robarse las propiedades de estas dos opositoras, autoridades de la Intendencia de la Propiedad notificaron a otro grupo de habitantes —ajenos a la causa— que sus casas también serían ocupadas, porque fueron declaradas propiedad del Estado.
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“Los terceros que se encuentran ocupando dichos inmuebles decomisados, deberán acudir a las oficinas de esta Procuraduría General de la República, para formalizar con el Estado de Nicaragua su estatus ocupacional”, dicta el comunicado de la PGR.
Esta orientación va dirigida a todo aquel que goce estas propiedades ya sea por medio de arriendo, usufructo u otros.
El medio independiente Divergentes informó el pasado 17 de febrero, que los funcionarios de la Intendencia de la Propiedad le manifestaron a la gente del condominio Amazonia que si querían seguir habitando dentro de las viviendas, debían pagar un arrendamiento de 500 dólares al Estado.
Se desconoce qué tipo de acuerdo u “oficialización” realizará el régimen orteguista con estos ciudadanos. El comunicado de la PGR no brindó mayores detalles.
En una semana, el régimen orteguista despojó de sus nacionalidades a 317 nicaragüenses, entre estos, escritores, religiosos, periodistas, defensores de derechos humanos, y políticos, y los ha acusado de “traidores a la patria”. Además, ordenó ocupar todos los bienes de estas personas.